El número de armas destinadas a la defensa personal en Brasil registró su nivel más bajo desde 2004, recoge G1, que cita datos del Sistema Nacional de Armas (Sinarm), en los que se precisa que en 2023 se computaron 20.822 nuevos registros, lo que representa cerca del 82 % menos de lo informado en 2022.
Según la Policía Federal brasileña (PF), la caída abrupta en el registro es atribuible a las restricciones para la compra implementadas por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva por medio de un decreto sancionado en julio pasado, en el que se limita la cantidad de armas y municiones a las que pueden acceder civiles para defenderse y se obliga a justificar la necesidad de la adquisición.
En contraste, bajo la administración de Jair Bolsonaro (2019-2022), se relajaron los controles en esta materia. Entre otras facilidades, los civiles podían adquirir hasta cuatro armas destinadas a la defensa personal y no estaban obligados a demostrar que efectivamente las requerían.
"No basta con hacer una alegación abstracta de que la persona tiene una necesidad. Es necesario que demuestre, en el caso concreto, que las circunstancias reales realmente denotan que necesita esa arma", dijo a la prensa el jefe de la división nacional de control de armas de la PF, Humberto Brandão.
En criterio del funcionario, "esto hace que sea muy difícil demostrar y, por tanto, tener acceso al arma", lo que implicó que en 2023 el organismo rechazara el 75 % de las solicitudes de nuevos registros.