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La Justicia española ante la parálisis por la vacante de 30 % de los puestos del Tribunal Supremo

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no puede realizar nuevos nombramientos para estos cargos hasta que el Congreso de los Diputados apruebe su propia renovación.
La Justicia española ante la parálisis por la vacante de 30 % de los puestos del Tribunal Supremo

La salida de un magistrado del Tribunal Supremo de España a partir del pasado 1 de enero deja al más alto tribunal del país en una situación inédita, con más del 30 % de sus puestos vacantes.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, concedió la excedencia voluntaria al magistrado Juan María Díaz Fraile.

La nueva salida se une a las anteriores de otros 23 magistrados, que no pueden ser renovados por un CGPJ que se encuentra en funciones con mandato vencido desde hace más de 5 años. La renovación de la instancia, como exige la Constitución, no ha sido posible por el bloqueo en el Congreso de los Diputados.

Un Supremo en mínimos

La Sala de lo Civil del Supremo, a la que pertenecía Díaz Fraile, se queda con tres vacantes de los diez puestos que la integran, aunque no es la que se encuentra más afectada.

La Sala de lo Penal conserva 14 de sus 15 magistrados, la de lo Contencioso-Administrativo cuenta con 22 de los 33 que le corresponden, la de lo Social solo tiene seis de los 13 togados que la componen, mientras que la de lo Militar tiene cinco en vez de las ocho plazas disponibles.

Nombramientos bloqueados

Los nombramientos para cubrir todas estas vacantes se encuentran bloqueados hasta que no se produzca la renovación del CGPJ.

La situación viene de 2021, cuando una reforma del órgano impulsada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP) estableció que no puedan hacerse nombramientos mientras se encuentren en funciones.

Se trató de una medida de presión que tenía el objetivo de hacer que el conservador Partido Popular (PP), principal fuerza de la oposición, se sentara a negociar y acabara con un bloqueo que lleva más de cinco años.

Si no se resuelve, la situación continuará empeorando. Así, está previsto que la próxima baja llegue el próximo 13 de febrero, cuando se jubile la magistrada Celsa Pico, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Por fin un acercamiento

La renovación del CGPJ depende del Congreso de los Diputados, que debe aprobar el nombramiento de los nuevos vocales con una mayoría de tres quintos de la Cámara, lo que hace indispensable el concurso de los dos grandes partidos del Hemiciclo, PSOE y PP.

El primer acercamiento ya se ha producido, aunque se prevé que las negociaciones sean arduas. El pasado 22 de diciembre se reunieron en el Congreso los líderes de las dos formaciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder popular Alberto Núñez Feijóo.

Entre los temas de la agenda que abordaron se encontraba como punto principal precisamente la renovación del CGPJ y fue, además, uno de los pocos asuntos en los que parece que se avanzó.

El acuerdo alcanzado fue el inicio de las conversaciones y la solicitud a la Comisión Europea de que medie en unas negociaciones que llevaban paralizadas desde hace más de un año.

Todavía se está a la espera de recibir la respuesta de Europa, que se supone que llegará de la mano del comisario de Justicia comunitario, Didier Reynders, que lleva años reclamando a España que renueve el órgano.

Interés político

La composición del CGPJ tiene un incuestionable interés político. Entre las funciones del órgano se encuentra la de realizar los nombramientos en puestos claves de la cúpula de la judicatura en España.

Algunos de los más codiciados son los que componen la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la de lo Penal, la encargada de juzgar los casos de corrupción y otros delitos en los que están inmersos diputados, senadores y otros altos cargos del Estado.

El actual CGPJ tiene una composición mayoritariamente conservadora, pues sus vocales fueron nombrados en 2013 cuando el Partido Popular, del entonces presidente Mariano Rajoy, tenía mayoría absoluta en el Parlamento.

El espíritu de la Constitución establece la necesidad de una mayoría parlamentaria cualificada para que refleje la sensibilidad de la ciudadanía española, algo que no se ha cumplido durante los cinco años de Gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez.

No se trata de la primera vez que este órgano sufre un bloqueo de estas características, si bien es la primera ocasión en que ha permanecido durante más tiempo en funciones. Siempre que el PP ha estado en la oposición se ha negado a negociar su renovación.

El PP enfrenta todavía decenas de causas por corrupción abiertas desde el año 2009, al menos 30 de ellas con la instrucción finalizada y que tendrán que ser juzgadas este año, varias de las cuáles pasarán por la conocida Sala Segunda.

Entre ellas se encuentra el recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional del denominado caso Bárcenas, la caja B con la que el PP financió, entre otras cosas, la remodelación de su sede en Madrid y cuya sentencia, considerando al Partido Popular responsable civil subsidiario, provocó la moción de censura que acabó con el Gobierno de Rajoy en 2018 y llevó por primera vez a Sánchez a La Moncloa.

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