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Fiscalía de Perú afirma que no ha realizado videovigilancia a periodistas

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En un comunicado la institución respondió a la denuncia de presunto espionaje a comunicadores.
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El Ministerio Público de Perú aseguró este lunes que "no existe medidas de seguimiento, videovigilancia, ni interceptación telefónica a periodistas", en respuesta a un reportaje publicado recientemente por el periódico local La República.

En el texto periodístico se apuntó que comunicadores del diario y del medio Sudaca eran vigilados y seguidos por orden del fiscal Andy Junior Rodríguez Domínguez, desde el 5 de abril hasta el 23 de noviembre de 2023, como parte del caso contra el abogado penalista José Luis Castillo Alva por sus vínculos con la red 'los Cuellos Blancos del Puerto'.

De acuerdo al texto que recibieron los periodistas implicados, se cerró la indagación contra ellos tras "no haberse encontrado ningún indicio revelador o hecho delictivo" que los relacionara con Castillo o el escándalo de 'los Cuellos Blancos del Puerto'.

La mayor red de corrupción en el sistema de justicia peruano se reveló tras la divulgación de una serie de audios que comprometían a miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura y se le conoció como el caso de 'los Cuellos Blancos del Puerto'.

La Fiscalía resaltó que la Quinta Sala de Apelaciones Nacional convalidó su posición al considerar que unas publicaciones en ambos portales constituirían elementos de peligro de obstaculización de la investigación sobre presunta organización criminal de Castillo.

Por lo tanto, se enalteció como "institución respetuosa de la legalidad" y, además, reafirmó su respeto a las libertades de expresión y prensa.

La respuesta

César Romero Calle, uno de los periodistas que denuncia el accionar fiscal, aseveró en X que el comunicado del Ministerio Público "afecta el derecho de defensa y la libertad de información".

"Lamentable y peligroso, que Fiscalía avale una investigación secreta, con seguimiento y videovigilancia a periodistas por el ejercicio de la libertad de información", dijo en otro mensaje.

A finales de 2023, Romero señaló en La República que "la investigación se realizó en estricto secreto" y recién se enteraron el 27 de noviembre anterior. "Ese día, se notificó en mi domicilio una resolución con fecha 23 de noviembre de 2023, que archiva la investigación", añadió.

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