El Gobierno de Colombia y el Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), iniciarán este martes su tercer ciclo de diálogos de paz.
Según reportes de El Espectador, las conversaciones se desarrollarán en Bogotá y podrían extenderse hasta el próximo 20 de enero. La iniciativa se emprende tras la culminación de la segunda ronda, a mediados de diciembre, cuyo principal logro fue el compromiso del EMC para suspender los secuestros "con fines económicos".
EFE recoge que de acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de Paz, hoy encabezada por Otty Patiño, las sesiones de trabajo estarán "cerradas" a terceros y "al final del ciclo, si la Mesa lo decide, habrá un pronunciamiento público".
¿Qué temas se abordarán?
Se prevé que las partes debatan sobre la transformación territorial de lugares que dependen de las economías ilícitas, como el cañón de Micay, una zona localizada en el departamento del Cauca (suroeste del país) que constituye uno de los principales centros de cultivo de coca, donde se han producido choques entre el Ejército y miembros de la guerrilla.
"Esperamos avanzar en definiciones importantes, no solamente en el tema humanitario y del respeto a la población, sino en las transformaciones territoriales y acciones de impacto en las regiones", declaró a El Espectador Camilo González Posso, jefe de la delegación del Ejecutivo en los intercambios.
Otro asunto que estará sobre la mesa será el cumplimiento del cese al fuego bilateral, así como el respeto a los acuerdos suscritos para respetar el derecho internacional humanitario en las zonas bajo disputa, lo que incluye, entre otros puntos, el fin de los desplazamientos forzados, no atacar a los civiles y no impedir u obstaculizar las misiones médicas o de índole humanitaria.
¿Se superaron los 'impasses'?
Los diálogos entre la Administración de Gustavo Petro y el EMC han entrado en crisis en varias oportunidades por motivos diversos. En noviembre pasado, las disidencias anunciaron su retirada del formato tras meses de enfrentamientos con el Ejército en el cañón de Micay, a lo que se sumó una suspensión sectorizada del cese al fuego bilateral acordado.
En esa oportunidad, Petro acusó a la insurgencia de atacar con explosivos a los militares desplegados en la zona para impedir la transformación de la economía local, actualmente sustentada fundamentalmente en el cultivo de coca, hacia una basada en actividades lícitas.
Además, en declaraciones ofrecidas en un acto con la Policía Nacional, el mandatario expresó que la negociación política iniciada con el EMC quizá había sido "prematura", porque se les propuso directamente que abandonaran el territorio pacíficamente y le dieran paso a las autoridades para "transformar todo el cañón de Micay en una economía lícita a través de la acción del Estado colombiano", cuando las condiciones no estaban dadas para ello.
Los ánimos se crisparon todavía más cuando el ministro de Defensa, Iván Velásquez, puso en cuestión la pertinencia de mantener el cese al fuego bilateral, dado que la guerrilla había decidido levantarse de la mesa.
Desde el EMC cuestionaron duramente a Velásquez, al que acusaron de no seguir la línea de pacificación de Petro y de no permitir la instalación de los mecanismos de veeduría, monitoreo y verificación pactados, aunque aclararon que esto no significaba que renunciaban a las negociaciones de paz. Las tensiones con el titular de Defensa y el resto del Ejecutivo se mantienen.