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"Machu Picchu no se vende, se defiende": nueva marcha en Cusco por polémica venta de entradas

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Un legislador pedirá a la Contraloría y a la Fiscalía que investiguen el procedimiento de contratación de la empresa ahora encargada de los boletos.
"Machu Picchu no se vende, se defiende": nueva marcha en Cusco por polémica venta de entradas

Cientos de personas marcharon el martes en la ciudad de Cusco, en Perú, para protestar contra la polémica decisión gubernamental de autorizar la venta de entradas al Santuario Histórico de Machu Picchu a través de la plataforma de la empresa privada Joinnus.

"Machu Picchu no se vende, Machu Picchu se defiende", coreaban en su movilización por las principales calles de la ciudad imperial, como se observó en transmisión del limeño Canal N.

Portaban varios carteles donde se leían algunas consignas como "no a la privatización", "el patrimonio cultural es herencia de los incas: no es negocio ni se privatiza" o "peruano, escucha, únete a la lucha".

La Defensoría del Pueblo estuvo en el lugar para "garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la protesta", en una jornada en la que también se manifestaron en el departamento de Puno por el primer aniversario de la "masacre de Juliaca". En ningún lugar hubo incidentes.

Cuestionamientos

Es una controversia que ha puesto en la mira a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, principal promotora de la nueva plataforma y de la implementación de un sistema de compra virtual.

Urteaga remarcó que su cartera no retrocederá en su acción de vender los boletos a través del portal de Joinnus. Mientras que, a finales del año pasado, respondió que "no hay ningún interés de privatizar ni la gestión ni la administración" del patrimonio mundial.

El congresista Guido Bellido Ugarte, vocero de la bancada Perú Bicentenario, afirmó que las explicaciones de la ministra han generado mayor incertidumbre sobre el procedimiento de contratación de Joinnus.

Ante esto anunció que solicitará la intervención de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía de la Nación para determinar la concurrencia de responsabilidades administrativas e incluso penales.

Por su parte, Alfonso Bustamante Canny, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), el mayor gremio empresarial del Perú, aseguró que este caso es uno de los "pendientes" de la mandataria Dina Boluarte.

En una columna publicada este miércoles en el diario Perú21, consideró que Boluarte debe "ordenar la logística para facilitar al turista el acceso" a los monumentos históricos. "Machu Picchu es una gran locomotora que arrastra a miles de establecimientos dedicados a la hospitalidad en todo el Perú", agregó.

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