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La Justicia argentina dicta una cautelar contra los aumentos de una empresa de medicina prepaga
Un juzgado falló en favor de una mujer de 78 años que dijo no poder afrontar los incrementos de su cobertura médica, habilitados por el megadecreto del Gobierno. La medida responde exclusivamente a su caso.
La Justicia de Argentina dictó este lunes una medida cautelar en favor de una persona afectada por los aumentos en los servicios de medicina prepaga, habilitados por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el presidente Javier Milei, informó El Diario AR.
El pronunciamiento responde a una solicitud en particular, por lo que no aplica a todos los presuntos afectados por la suba de las cuotas prepagas.
La jueza federal Martina Forns, del juzgado en lo Civil y Comercial de San Martín, se pronunció en favor de una afiliada a la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires (Hospital Italiano), quien realizó un reclamo tras el fuerte incremento dispuesto en las cuotas a partir de la entrada en vigencia del DNU, que desreguló el sistema de salud privado.
PRIMERA CAUTELAR QUE DEJA SIN EFECTO AUMENTO DE PREPAGA. (aplica únicamente a la amparista). pic.twitter.com/fbev03huLR
— Nestor Parisi (@ElMundoJuridico) January 15, 2024
La demandante, Marta Cristina Brauchli, de 78 años, planteó ante la Justicia que no podía afrontar los incrementos del servicio. En respuesta, la magistrada ordenó al Hospital Italiano "readecuar las cuotas correspondientes a su plan asistencial, dejando sin efecto los aumentos realizados en aplicación del decreto" de Milei.
En el fallo, Forns dispuso que la compañía se debe limitar a efectuar "los aumentos autorizados por el Ministerio de Salud" en los términos del artículo 17 de la ley 26.682, "hasta tanto se dicte sentencia definitiva" sobre la validez del polémico DNU.
La salud desregulada
En uno de los puntos más polémicos del decreto 70/23 se habilita la liberación de las tarifas de las compañías de medicina prepaga, cuyos aumentos hasta ahora eran regulados por el Estado a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, que informaba el monto de incremento permitido a las empresas privadas.
La medida del Ejecutivo, firmada en diciembre, deroga más de 300 leyes para desregular la economía. Desde entonces, la Justicia ha recibido un centenar de reclamos para que se dictamine la inconstitucionalidad de la normativa.
Por citar un caso, las principales centrales obreras del país, Confederación General del Trabajo (CGT) y Central de Trabajadores Argentinos (CTA), lograron una medida cautelar para suspender la parte laboral del DNU que, según denuncian las organizaciones gremiales, atenta contra los derechos de trabajadores.
Ante ello, el Gobierno presentó un recurso extraordinario a la Justicia para frenar la suspensión de las reformas laborales implementadas en ese 'megadecreto'.
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