La minería ilegal resurge en tierra yanomami un año después de la megaoperación del Gobierno de Lula

Un año después de la megaoperación lanzada por el Gobierno del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, contra la minería ilegal en la reserva indígena Yanomami, los buscadores de oro han regresado al territorio en los últimos meses. 

"A pesar de las promesas del presidente Lula cuando lanzó la operación para expulsar a los mineros hace un año, la situación actual en el territorio de los yanomamis es poco menos que catastrófica", denunció Fiona Watson, directora de investigación y campañas de Survival. 

Watson alertó que muchos mineros están regresando a la zona y se restablecen en antiguas explotaciones de la Tierra Indígena Yanomami, la mayor reserva indígena de Brasil, que está distribuida entre el estado de Amazonas y Roraima, y donde viven unos 29.000 indígenas.

"Las Fuerzas Armadas, que participan en la operación para expulsarlos, siguen dando largas al asunto y muchos puestos de salud y servicios vitales que tan desesperadamente se necesitan no están funcionando", aseveró.

El 20 de enero de 2023, el mandatario -para quien la protección y el cuidado del pueblo yanomami es una de sus prioridades gubernamentales- decretó el estado de emergencia ante la crisis sanitaria y de seguridad en la que se encontraban por la minería ilegal.

"Incluso con el decreto de emergencia, el Gobierno no ha conseguido resolver la situación. Los mineros siguen en tierras yanomamis (...) Hoy hay una minería de facciones criminales, del crimen organizado", alertó Darío Kopenawa, vicepresidente de la asociación Hutukara.

Además, las cifras del servicio sanitario de la región yanomami –recogidas por Survival– muestran que en 2023 hubo al menos 25.000 casos de malaria, mientras que los casos de gripe pasaron de 3.203 en 2022 a 20.524 el año pasado, lo que supone un incremento de un 640 %.

Asimismo, entre enero y noviembre de 2023 murieron 308 indígenas, la mayoría niños menores de cinco años.

"Una cuestión de Estado"

El pasado mes de diciembre, el presidente de Brasil ordenó a las agencias gubernamentales incrementar sus esfuerzos para combatir al crimen en el zona.

A principios de este mes, Lula se volvió a reunir con sus ministros para abordar la crisis y aseguró que la cuestión de los yanomami, y de los pueblos indígenas en general, será tratada como una "cuestión de Estado". 

Una delegación gubernamental visitó el territorio la semana pasada y anunció que se destinarán 1.200 millones de reales (unos 242 millones de dólares) en medidas de seguridad y asistencia para los indígenas.

Más de la mitad de la población de la Amazonía brasileña vive bajo el yugo del crimen organizado

"Todo este esquema criminal está siendo investigado y estamos lanzando operaciones, como lo hicimos a lo largo de 2023, para llegar a los líderes y financiadores de esta actividad criminal", explicó Humberto Freire de Barros, director de la Amazonía y Medio Ambiente del Policía Federal. 

Por su parte, la ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, detalló que debido a la complejidad de la zona, "las acciones realizadas hasta ahora no han sido suficientes para restaurar todo lo necesario". "Así como fueron necesarias décadas de invasión para llegar a este punto, podrían ser necesarias décadas para restaurarlo todo", comentó. 

"Para quienes no conocen el territorio, es importante que comprendan la complejidad de la situación. Y no pensar: 'Después de un año, no hay resultados'", afirmó la ministra, que dudo de que en 2024 se pueda zanjar la crisis. 

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