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The Guardian: Políticas especiales de EE.UU. otorgan durante años "impunidad" a Israel
Según las fuentes, funcionarios del Departamento de Estado han logrado eludir las leyes estadounidenses que condenan las violaciones de derechos humanos por parte de unidades militares extranjeras.
Altos funcionarios de EE.UU. han utilizado desde el año 2020 mecanismos especiales para proteger a Israel de las leyes estadounidenses sobre derechos humanos, logrando que el país hebreo siga teniendo acceso a las ayudas de Washington y no se enfrente a consecuencias por cometer presuntas violaciones. Así lo reveló una investigación realizada por The Guardian, basada en una revisión de documentos oficiales y en entrevistas con fuentes cercanas al tema.
De acuerdo con las fuentes, los funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. han logrado eludir durante años la Ley Leahy, cuyo objetivo es impedir la complicidad de Washington en violaciones graves de derechos humanos por parte de unidades militares extranjeras que reciben ayuda estadounidense, estableciendo políticas internas extraordinarias que le atribuyen "impunidades" al Gobierno israelí. Dichas disposiciones especiales no existen para ningún otro aliado del país norteamericano, subrayó el medio.
En una declaración para el diario, el exsenador Patrick Leahy, quien le dio el nombre a la ley en la década de 1990, aseguró que en Israel "la ley no se ha aplicado de forma coherente, y lo que hemos visto en Cisjordania y Gaza es un claro ejemplo de ello". Asimismo, Leahy afirmó que durante años ha instado a diferentes administraciones estadounidenses a aplicar la ley para Israel "pero no ha sido así".
Casos de presunta violación a los derechos humanos
Entre los incidentes que se han revisado desde 2020, se encuentran el asesinato de Shireen Abu Akleh, periodista palestina-estadounidense que fue tiroteada por las fuerzas israelíes en mayo de 2022, la muerte de Omar Assad, palestino-estadounidense de 78 años que falleció en enero de 2022 tras permanecer bajo custodia israelí y la presunta ejecución extrajudicial de Ahmad Abdu, un joven de 25 años que fue baleado por fuerzas israelíes en mayo de 2021 mientras estaba sentado en su automóvil.
Otros casos que fueron examinados incluyen el homicidio de Sanad Salem al-Harbad, beduino que presuntamente recibió dos disparos en la espalda por parte de la Policía israelí en marzo de 2022, el homicidio de Ahmad Jamil Fahd, a quien presuntamente la Policía disparó y dejó desangrarse hasta morir, la presunta agresión bajo custodia policial israelí de la periodista Givara Budeiri, el homicidio en 2020 de un hombre autista desarmado de 32 años, Eyad al Hallaq, a manos de la Policía israelí en Jerusalén Oriental, el homicidio de un muchacho de 15 años llamado Mohammed Hamayel y el tiroteo contra la palestina Jana Kiswani, de 16 años.
Documentos internos del Departamento de Estado muestran que los incidentes se examinaron en el marco de un proceso establecido por el Departamento de Estado en 2020, conocido como Foro de Investigación Israel Leahy (ILVF, por sus siglas en inglés), en el que representantes de las oficinas pertinentes examinan informes de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas israelíes.
Políticas extraordinarias para Israel
En virtud de la Ley Leahy, para la mayoría de los países y en la mayoría de los casos, una unidad militar extranjera recibe asistencia o entrenamiento militar estadounidense después de que el Departamento de Estado la haya investigado por cualquier violación de los derechos humanos de la que se haya informado. La ley prohíbe seguir proporcionando fondos, asistencia o entrenamiento a unidades de fuerzas de seguridad extranjeras cuando exista "información creíble" de que las fuerzas han cometido una violación grave.
Sin embargo, personas familiarizadas con el proceso, que hablaron bajo condición de anonimato, declararon que Israel se ha beneficiado de políticas extraordinarias dentro de la ILVF, de cuyos detalles no se ha informado anteriormente. "Nadie lo dijo, pero todo el mundo sabía que las normas eran diferentes para Israel. Nadie lo admitirá nunca, pero es la verdad", dijo un antiguo funcionario del Departamento de Estado.
En primer lugar, según el proceso israelí, todas las partes implicadas en una revisión del ILVF deben llegar a un consenso sobre la existencia de una posible violación, que debe ser aprobado por el vicesecretario de Estado. En el caso de otros países, la determinación de la Ley Leahy la realiza el personal del Departamento de Estado y no requiere el consenso ni aprobación de todas las partes.
En segundo lugar, Israel debe ser consultado sobre las presuntas violaciones de derechos humanos que serán examinadas y dispone de 90 días para responder a las reclamaciones, lo que, según algunos exfuncionarios, genera retrasos considerables. El Gobierno de ningún otro país debe ser consultado.
"Impunidad" israelí
Algunos expertos ven una conexión entre la actitud de indiferencia de EE.UU. hacia Israel en relación con las violaciones de derechos humanos y la conducta de Israel en la guerra de Gaza. Israel recibe anualmente 3.800 millones de dólares en ayuda militar, y el mes pasado el Gobierno de Biden eludió en dos ocasiones al Congreso para entregar 250 millones de dólares más en armamento.
"Israel siente una amplia impunidad en lo que respecta a las consecuencias de sus acciones dentro de EE.UU.", afirmó Josh Paul, exfuncionario del Departamento de Estado. "Cuando se trata de consecuencias reales, no hay ninguna y creo que eso ha dado a Israel en los altos niveles del Gobierno la sensación de que es inmune", añadió.
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