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El auge y caída del general Arias Cabrales que no podrá exhibir sus condecoraciones en Colombia
El Gobierno de Gustavo Petro emitió un decreto que le prohíbe al militar retirado portar los reconocimientos recibidos debido a que fue condenado por desapariciones forzadas.
Cuatro importantes condecoraciones otorgadas durante su carrera militar le fueron retiradas a un exgeneral colombiano por órdenes del Gobierno de Gustavo Petro. En 2011, el mando castrense fue condenado por la Justicia de su país a más de 30 años de cárcel.
Tras un decreto del Ministerio de Defensa, Jesús Armando Arias Cabrales, retirado en 1990, no podrá volver a exhibir en público los reconocimientos que había obtenido, por lo que perdió el derecho a su uso.
La decisión del Ejecutivo se basa en el decreto 1070 de 2015, que establece la pérdida del derecho al uso de condecoraciones para los militares condenados por "delitos dolosos", que ocurren cuando el acusado acepta que cometió un acto contrario a la ley con la finalidad de provocar daño.
Según esa normativa legal, únicamente el Gobierno puede crear y suprimir esas distinciones otorgadas en el área militar.
¿Cuáles fueron las medallas y reconocimientos?
Las condecoraciones recibidas por el general retirado, que ya no podrá usar, son:
- Medalla Servicios Distinguidos en Orden Público (1985).
- Orden al Mérito Militar Antonio Nariño, en grado de Gran Cruz (1986).
- Orden al Mérito Naval Almirante Padilla, en grado de Gran Oficial (1989).
- Cruz de la Fuerza Aérea al Mérito Aeronáutico, en grado de Gran Oficial (1989).
¿Por qué se las quitaron?
Arias Cabrales fue condenado en 2011 por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá a 35 años de prisión como "responsable del delito de desaparición forzada" de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis, Irma Franco Pineda y otras seis personas.
Al militar retirado se le responsabiliza por los hechos ocurridos los días 6 y 7 de noviembre de 1985 cuando hubo un asalto armado al Palacio de Justicia por parte del extinto grupo guerrillero M-19, en Bogotá, que culminó con la retoma por parte de la Fuerza Pública.
En ese contexto, ocurrió la desaparición forzada y posterior ejecución del mencionado grupo de personas.
Su sentencia judicial fue confirmada en 2014 por el Tribunal Superior de Bogotá y revisada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en 2019.
¿De qué se le señala?
El militar, en actual situación de retiro, comandó la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional cuando se hizo la retoma del Palacio de Justicia.
En 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo expulsó de ese sistema de justicia transicional surgido tras la firma del Acuerdo de paz de 2016 por no tener el propósito de "esclarecer un mínimo de verdad" ni la "verdad total de los hechos por los cuales ya fue determinada su responsabilidad penal".
En la audiencia única de verdad, el general retirado "no brindó información sobre el alistamiento y reacción inmediata del Ejército para repeler las acciones del extinto grupo guerrillero M-19". Además, "negó un hecho indiscutible, como lo fue el control que ejerció sobre los comandantes de las unidades de la XIII Brigada a su cargo, así como de otras unidades tácticas y de inteligencia desplegadas el 6 y el 7 de noviembre de 1985".
Por otra parte, "no suministró información que permitiera establecer el paradero de sus víctimas, ni los restos de aquellas que han sido entregadas por las autoridades de manera parcial a sus familiares. Adicionalmente, no profundizó en las circunstancias en las que se dio la vulneración de los derechos humanos por las acciones de los miembros de la Fuerza Pública que comandó en la operación de retoma del Palacio de Justicia".
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su sentencia del 14 de noviembre de 2014, declaró al Estado colombiano responsable por la desaparición forzada de Rodríguez Vera, Franco Pineda, Suspes Celis, Beltrán Hernández, Portela León, entre otras personas.
Por su parte, el Departamento de Estado de EE.UU., el pasado 24 de noviembre, incluyó en su lista negra a Arias Cabrales, a su esposa Martha Paulina Isaza de Arias y sus hijos Francisco Armando Arias Isaza y Martha Lucia Arias Isaza, por lo que no pueden viajar a ese país.
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