Entre amenazas y fallos judiciales, crece tensión política en Argentina en vísperas del paro general

La tensión política que enfrenta Argentina desde que asumió el presidente Javier Milei se intensificó este jueves luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciara que el Gobierno les descontará el sueldo a los empleados estatales que participen en el paro nacional convocado por la Confederación General de Trabajadores (CGT) para el próximo miércoles 24 de enero.

"Se ha tomado la decisión de descontar a todos los empleados estatales nacionales. El salario es una contraprestación y, quien no trabaja, es razonable que no cobre", amenazó el funcionario en conferencia de prensa.

También criticó la movilización al señalar que al Gobierno todavía no le queda claro cuál es el reclamo de los gremios, y reiteró que las autoridades ya pusieron a disposición una línea telefónica para que los trabajadores que sean "extorsionados" para sumarse a la protesta denuncien a los responsables.

"No existe razón para el paro, las razones son casi infantiles, no lo entendemos", dijo al anticipar que en los próximos días "habrá novedades" de las medidas que tomará el Gobierno en contra de la movilización para proteger a "la gente de bien".

En respuesta, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, recordó que el paro es responsabilidad exclusiva del Gobierno por las políticas que ha tomado y que han empobrecido en tiempo récord a la mayor parte de la población.

"Vos también podrías parar, pero de decir burradas", le recriminó al vocero presidencial luego de repudiar las amenazas de descuentos salariales que afectan el legítimo derecho a huelga.

Crispación

La CGT convocó al paro general en protesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la 'ley ómnibus' que presentó el presidente y que, en conjunto, reforman por completo las normas que regían en el país sudamericano.

En lo particular, impugnan la reforma laboral que precariza las condiciones de trabajo, facilita despidos, elimina indemnizaciones, limita el derecho a huelga y perjudica a miles de empleados tanto del sector público como privado.

El paro general incluirá una movilización en el centro de Buenos Aires que también ya fue amenazada con una represión por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien advirtió que aplicarán el protocolo que evita el cierre de calles y que, de manera inédita, les cobra a las organizaciones los costos de los operativos policiales.

La jornada de lucha ya recibió adhesiones internacionales, entre las que destaca la Intersindical de Francia, que se movilizará ese día a la embajada de Argentina en París para solidarizarse con los gremios del país sudamericano.

Además, colectivos sociales, de derechos humanos, estudiantiles, de pequeños y medianos empresarios, feministas, escritores, actrices y actores, ambientalistas y científicos, entre otros, ya confirmaron su participación en la marcha.

Los ánimos sociales están caldeados prácticamente desde que el mandatario asumió el pasado 10 de diciembre, ya que las protestas han sido frecuentes. La víspera, por ejemplo, se replicaron cacerolazos multitudinarios en la ciudad de Buenos Aires, pero se prevé que la manifestación del próximo miércoles será la más numerosa y la que concentrará a un mayor número de colectivos.

En tribunales

El debate se replica en los tribunales, ya que este jueves la Cámara del Trabajo dictaminó que la Suprema Corte de Justicia tendrá la última palabra para avalar o no la reforma laboral que viene incluida en el DNU de Milei.

La CGT y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) ya habían obtenido una medida cautelar que frenaba la reforma, pero ahora el proceso continuará en las audiencias del máximo órgano de justicia. Mientras tanto, los cambios legales "propuestos por el presidente seguirán frenados.

La 'ley ómnibus' se despieza en el camino: las presiones que obligan a cambiar el polémico proyecto de Milei

"Existen razones de gravedad institucional que legitiman la intervención del Superior por encontrarse afectado el funcionamiento de las instituciones jurídicas", señaló el fallo.

La Unión Industrial Argentina (UIA) salió en auxilio del Gobierno para anunciar que se presentará en calidad de 'amicus curiae' en el proceso judicial que se sigue en contra del DNU para aportar al tribunal argumentos a favor de la reforma laboral.

"La UIA considera que la modernización de la legislación laboral propuesta se adapta a las nuevas realidades de empleo. Las reformas planteadas sientan las bases para que las nuevas contrataciones sean más simples y sostenibles, una vez que se materialice la recuperación económica", afirmó al defender una tesis con la que los gremios no están de acuerdo.

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