El excoronel de la Policía Nacional de Colombia y exgobernador del departamento de Santander entre 2004 y 2007, Hugo Aguilar, confesó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) lanzaban los cuerpos de sus víctimas en un lago de una finca privada para que se los comieran "los cocodrilos".
"En la vereda Rosa, en la Finca Gorgona, que hoy en día fue parcelada y hay cultivos de palma, que en un comienzo fue de Luis Ramírez, alias 'Puntilla', ahí había un lago y los cadáveres de la gente que asesinaban se los botaban a los cocodrilos que tenían en el lago y otros los sepultaban", detalló Aguilar sobre la manera en que las AUC desaparecían a sus víctimas.
El testimonio del también empresario y exdiputado santanderiano (2001-2002) fue ofrecido el pasado martes en la Audiencia Única de Verdad realizada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, organismo que estudiará los aportes de Aguilar para determinar si puede acceder o no a la justicia transicional tras aclarar su relación con las AUC, una organización narcoparamilitar de extrema derecha que también buscaba exterminar rebeldes de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Los terrenos de lo que fue la Finca Gorgona a la que hizo referencia Aguilar, están ubicados en el municipio Lebrija, a unos 15 kilómetros de Bucaramanga, capital del departamento de Santanter, al noreste de Colombia. La exactitud del lugar, dijo el exfuncionario quien suministró un mapa detallado y estudios topográficos a la JEP, es importante porque es un aporte para dar la posibilidad a los familiares de las víctimas de encontrar sus cuerpos.
Aguilar, de 72 años, admitió que desde 1993, antes de ser diputado y gobernador, cuando pertenecía al Bloque de Búsqueda como agente policial, tuvo sus primeros contactos con varios líderes paramilitares como Diego Fernando Murillo, alias 'Don Berna', Ramón Isaza, Henry Pérez y Carlos Castaño; quienes apoyaban en operativos para capturar y bloquear la huida de quien era su enemigo criminal, el entonces narcotraficante y jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar.
Desde entonces, Aguilar mantuvo una relación con los paramilitares, que según su testimonio se basó en su "afán" de convertirse en gobernador. Por ello recibió apoyo operativo de los irregulares para ser electo en Santander, por lo que pidió perdón "a las víctimas directas" y "al pueblo santanderiano" por su conducta "de omisión", que generó actividades de las AUC como desplazamientos y secuestros. Sin embargo, aseguró que "jamás" recibió dinero de los paramilitares para financiar su carrera política.
Nexos de la CIA y la DEA con las AUC
Aguilar, quien fue el de comandante operativo del Bloque de Búsqueda que dio de baja a Pablo Escobar en 1993, por lo que recibió una recompensa superior a los 5.000 millones de pesos (más de 1,2 millones de dólares), que distribuyó junto a otros 23 agentes y que según él se convirtió en su principal patrimonio, también confirmó a la JEP que sus superiores sabían de los acuerdos con los paramilitares
Entre estos estaban el general Miguel Alfredo Maza Márquez y el coronel Hugo Martínez, quienes ordenaron que él y sus hombres debían reunirse con los paramilitares Castaño y 'Don Berna', que tenían el dominio de las autodefensas en el Magdalena Medio, para que les dieran "la ubicación exacta para la captura de Pablo Escobar".
De este encuentro, dijo Aguilar, quien solicitó su ingreso ante la JEP como agente estatal no integrante de la fuerza pública, tuvieron conocimiento "el comandante del Bloque de Búsqueda, el general Guzmán del Ejército, el general Vargas Silva de la Policía y el propio coronel Martínez Poveda". Todos, además, conocían los acuerdos entre la fuerza pública y los paramilitares.
Además, dijo que en estas reuniones fue que surgió el nombre de los "Pepes" (Perseguidos por Pablo Escobar), sigla que se utilizó para identificar a los principales enemigos de Escobar y el Cartel de Medellín. De hecho, acordaron que los uniformados colocarían el mensaje: "fueron 'Los Pepes'" cuando procedieran a levantar hechos criminales o actos terroristas.
En estos procedimientos también se vieron involucrados agentes de la Administración Antidrogas de EE.UU. (DEA, por su sigla en inglés) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Uno de ellos fue Javier Peña, de la DEA; y Daniel Flores, de la CIA, ambos actuaban como delegados de las agencias estadounidenses ante el Bloque de Búsqueda.
Aguilar señaló que tanto Peña como Flores tuvieron contactos con los paramilitares en el Magdalena Medio, como parte de los operativos para dar con Escobar. Sin embargo, acotó que no conoció los acuerdos que habrían alcanzado, aunque admitió que las autoridades "fueron indiferentes" ante el accionar ilegal de las AUC.
Otros datos relevantes
Entre tanto, Aguilar dio información sobre asesinatos cometidos en Puerto Wilches en 2002; y en Oiba en 2003, por grupos paramilitares para amedrentar a los comerciantes a quienes les cobraban extorsiones.
Además, dijo que todos los hospitales y clínicas de Santander fueron obligados a dar atención médica a los paramilitares enfermos o heridos y que en algunas ocasiones se llevaban a los médicos para atender a los miembros de las AUC en zonas rurales.
También dio detalles sobre una curtiembre en donde el paramilitar alias 'Víctor' enterraba a sus víctimas. Asimismo, reconoció los intereses que tuvieron dirigentes políticos que recibieron apoyo del paramilitar alias 'Ernesto Báez'.
Inhabilitación y condena
Entre tanto, Aguilar argumentó que él no causó víctimas directas y que su responsabilidad se daba por omisión en su función pública. El exgobernador fue inhabilitado en 2011 por la Procuraduría para el ejercicio de cargos públicos por un periodo de 20 años, esto tras confirmarse que tuvo nexos con las AUC. Por ello fue condenado en 2013 a nueve años de prisión.
En la audiencia, el magistrado Juan Ramón Martínez, informó que los aportes de Aguilar serán contrastados y se procederá a acreditar a las víctimas de los delitos que haya cometido, si el exfuncionario es admitido en la JEP.
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