La Policía peruana ha empleado este jueves gases lacrimógenos contra una multitud de manifestantes. Los movilizados, que protestan contra la venta privada de entradas al complejo arqueológico, bloquearon una vía férrea que conecta Machu Picchu con Ollantaytambo. De momento se reporta al menos un herido.
La protesta se realiza desde este mediodía. Resaltan que han solicitado la presencia de la Defensoría del Pueblo, si bien la entidad no ha respondido.
Según varios informes, los manifestantes presentes en la vía férrea denuncian que la Policía les ha disparado a quemarropa, y se reportan varios heridos con contusiones en la cabeza.
Por su parte, la congresista y exministra de Cultura, Silvana Robles, pidió el "cese inmediato de la represión policial contra la población", asegurando que tienen "todo el derecho" para exigir la anulación del "irregular contrato" del Ministerio de Cultura con la empresa Joinnus para la venta de boletos de ingreso a la ciudadela Patrimonio de la Humanidad.
Primer día de paro
Este jueves comenzó el paro general indefinido convocado por organizaciones sociales y respaldado incluso por el alcalde del distrito de Machupicchu, Elvis La Torre Uñaccori, quien declaró que lo hacen para "defender la no privatización de los ingresos".
Pese a la lluvia, decenas de personas se han movilizado en Machu Picchu. "El pueblo unido jamás será vencido", coreaban custodiados por policías que garantizaban la normalidad de la protesta.
Un grupo de manifestantes bloquearon las vías de un tren en una zona conocida como Rocotal, donde llegaron con paraguas, banderas y pancartas en contra de la ministra de Cultura peruana, Leslie Urteaga.
Por su parte, la funcionaria reconoció que es necesario "tener una plataforma que sea del Estado peruano y sea sostenible para todos los sitios arqueológicos", pero consideró que era momento de un cambio.
"Necesitamos renovar la plataforma", aseguró Urteaga, quien indicó que Joinnus no fue la única que buscó la adjudicación, pero sí la que "ofrece el menor precio". Por lo tanto, rechazó que se tratase de una contratación directa sin concurso.