Despidos, rumores y escándalo: la crisis que enfrenta Milei y que ya implicó cambios en el gabinete

El Gobierno del presidente Javier Milei quedó envuelto en una crisis con el intempestivo despido del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, quien fue acusado de filtrar a la prensa información de las reuniones de gabinete.

"Los voy a dejar sin un peso. Los voy a fundir a todos", fue la frase que el presidente dijo durante el encuentro que encabezó durante la mañana del jueves con su equipo de trabajo y que al mediodía publicó el diario Clarín, con base en fuentes del Gobierno que no identificó.

Milei se refería a los gobernadores, a quienes tanto él como sus ministros han amenazado durante los últimos días con recortes en caso de que los legisladores de cada provincia no apoyen la 'ley ómnibus' que se discutirá la semana próxima en la Cámara de Diputados.

Esta ley es uno de los proyectos centrales de este Gobierno, ya que modifica por completo el papel del Estado e introduce los criterios penales y sociales de extrema derecha que defiende el mandatario.

El escándalo por el que varios opositores, e incluso aliados, calificaron como una "extorsión" contra los gobernadores se intensificó por la tarde, cuando comenzaron a circular rumores de que el mandatario echaría al ministro que había hablado con la prensa.

Después de que se especulara con varios nombres, el mandatario le dio 'like' a un post de La Nación en X que dirigía a la nota titulada: 'Javier Milei se convirtió en el presidente que más rápido echó a un ministro tras llegar al Gobierno'. El texto periodístico hacía referencia al cese de Ferraro. 

Pero pasaron las horas y no hubo ningún anuncio oficial. Una medida relevante del Gobierno quedó fundamentada únicamente en un 'like' presidencial.

Especulaciones

El escándalo por el caos comunicacional del Gobierno se intensificó porque no se desmintieron las graves amenazas del presidente a los gobernadores que, para la tarde del jueves, ya repetían todos los medios de comunicación.

Las especulaciones en la prensa y en las redes sociales se incrementaron durante horas sin que ninguna autoridad confirmara el despido de Ferraro.

De hecho, la salida del ministro ni siquiera fue anunciada en el Boletín Oficial de este viernes, por lo que se preveía que el anuncio formal lo daría el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.

Sin embargo, en medio de la fuerte expectativa que había, la cita del vocero con los periodistas se postergó sin horario definido supuestamente porque coincidía con un evento del presidente.

Para entonces, en la prensa argentina ya circulaba otra versión que adjudicaba la salida del ministro a sus peleas con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien habría usado la supuesta filtración como pretexto.

Otra vez, ni el presidente ni ninguna autoridad salió a confirmar o desmentir los rumores.

Ello generó críticas contra el vocero; el subsecretario de Prensa, Javier Lanari; y el secretario de Comunicación, Eduardo José Serenellini, por no hablar abiertamente con la prensa para terminar con el desmanejo informativo que había en torno a las medidas del Gobierno.

"Grosería"

La crisis en la que está sumida el gabinete también quedó en evidencia con otra decisión que, ante el escándalo de Ferraro, pasó desapercibida.

Sospechas, amenazas e insultos: el escándalo que rodea a la polémica 'ley ómnibus' de Milei

Se trata del despido de Enrique Rodríguez Chiantore, titular de la Superintendencia de los Servicios de Salud, el organismo que supervisa a las empresas médicas de los sindicatos y del sector privado.

El funcionario reveló este viernes que ni siquiera fue informado previa y formalmente de su salida, de la cual se enteró a través del Boletín Oficial.

"Es una grosería y una falta de profesionalismo total", advirtió Rodríguez Chiantore al criticar los manejos gubernamentales, ya que el trámite de su cese comenzó desde el lunes sin que él tuviera ningún aviso.

Para empeorar la situación, en su lugar fue designado Gabriel Oriolo, exdirector de OSDE, la empresa de medicina prepaga más grande del país y que, al igual que el resto de las firmas privadas de salud, debe ser supervisada por la Superintendencia, lo que en principio entraña un conflicto de interés.