¿Guatemala apunta hacia la 'bukelización' de la seguridad nacional?

El Gobierno de Bernardo Arévalo en Guatemala está a punto de cumplir sus primeros 15 días y en materia de seguridad ha puesto en marcha una serie de acciones para enfrentar a la criminalidad, especialmente las extorsiones que ejecutan grupos de la delincuencia organizada como maras y pandillas que operan principalmente desde las cárceles.

El ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez, detalló, en una entrevista con la televisora local Canal Antigua el jueves en la noche, que el tema más importante para Arévalo en sus primeros 100 días de gobierno, es atacar la extorsión, un delito que se ha convertido en el "más fuerte" y que "causa mayor impacto" a la población de ese país centroamericano.

Para ello, el Ejecutivo ha diseñado un "plan estratégico" para presentar el próximo martes, que además de ampliar la seguridad ciudadana, integrará una diversidad de medidas y reformas para abordar otros temas claves como la reestructuración del sistema penitenciario, hacinamiento carcelario, seguridad fronteriza, vigilancia en puertos terrestres, aéreos y marítimos, contrabando, trata de personas, narcotráfico y, especialmente, el tráfico ilegal de fentanilo.

Estas acciones también contemplan una restructuración interna de la cartera de seguridad, tanto en lo administrativo como en lo operativo, que incluye revisar lo que dejó la anterior administración del expresidente Alejandro Giammattei, así como enfrentar la corrupción policial y carcelaria, donde han identificado "abusos" que, en su momento, serán informados a la colectividad.

Entre las primeras medidas tomadas por el Gobierno de Arévalo, que asumió la Presidencia el pasado 14 de enero en medio de tensiones, incertidumbre y disputas con el Ministerio Público, ente al que ha señalado de dirigir una persecución judicial en su contra y de planificar un golpe de Estado, está una requisa en la cárcel de Pabón, una de las más grandes del país, recinto desde donde las mafias ordenan crímenes contra la población.

En esa acción identificaron a 39 presos vinculados a extorsiones, quienes fueron apartados de los demás reos y dejados "sin comunicación ni privilegios", más que las condiciones básicas para cumplir con "sus derechos como personas". Allí, las autoridades incautaron 59 teléfonos móviles, 126 chips, routers, tarjetas de memoria, radios de transmisión, más de 1.500 metros de cable para internet, 160 envoltorios de drogas y armas blancas.

"La política de Bukele ha disminuido la criminalidad"

Interrogado sobre si tienen como referencia las medidas empleadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su llamada "guerra contra pandillas", el ministro expresó que aunque las políticas de seguridad del mandatario salvadoreño han sido efectivas, en Guatemala el contexto criminal es distinto y procuran políticas para la prevención del delito.

"En materia de seguridad, uno tiene que ver los datos, yo soy una persona que siempre ha dicho que las decisiones en seguridad deben de partir del análisis de data, de evidencia empírica, no es porque yo así me inspiro y amanezco con una inspiración de que debemos hacer esta política, no. ¿Cuál es la data que lo sustenta? La data nos dice que la política de Bukele ha disminuido la criminalidad, ha disminuido las extorsiones, eso sería querer ocultar el sol con un dedo".

Sin embargo, Jiménez sostiene que entre El Salvador y Guatemala hay realidades distintas. "¿Cuál es la diferencia? El contexto de las inseguridades en El Salvador no es el mismo que en Guatemala. Tenemos presencia de maras y pandillas, por supuesto, pero no tienen las mismas dimensiones que en El Salvador".

Por ejemplo, dijo, El Salvador tiene un territorio más pequeño y con más densidad poblacional. Ahí las maras y pandillas, históricamente, lograron controlar gran parte del territorio del país y por eso las medidas fueron más fuertes para retomar el control territorial. En cambio, en Guatemala, aunque el problema de los pandilleros persiste, ocurre "en zonas muy específicas y no es un problema generalizado".

En ese sentido, Jiménez indicó que si en Guatemala se empleara "el modelo Bukele", muchas personas inocentes, que no tienen nada que ver con las pandillas, terminarían en la cárcel, como sucedió en El Salvador, luego que el gobierno de ese país aplicara la técnica de "la red de pesca", en la que terminaban capturados tanto delincuentes como personas que simplemente estaban en el lugar donde las autoridades hacían operativos y detenciones masivas.

"¿Cuántas personas que no tenían nada que ver con las pandillas fueron detenidos? y, ahora, aunque salgan de la cárcel ya se les arruinó la vida. En Guatemala no podríamos hacer eso, porque habría mucho territorio donde la mara y la pandilla es demasiado poca, haríamos un gran daño a la sociedad si usáramos ese modelo", acotó el titular de Seguridad.

Reestructuración al sistema penitenciario

El Gobierno apunta también a una reforma "profunda" del sistema penitenciario y los recintos carcelarios, que acarrean problemas complejos como la corrupción interna de funcionarios y el hacinamiento, este último causado, principalmente, por presos que tienen medidas preventivas de libertad o que ya cumplieron condenas y no tienen dinero para pagar las multas de excarcelación.

Jiménez identificó que una de las cuestiones más preocupantes, es que el sistema carcelario no tiene un conteo oficial de los presos y que incluso hay irregularidades como personas que recibieron pagos para sustituir como privados de libertad a otros delincuentes condenados que ahora están prófugos. Todo esto facilita la comisión de delitos de extorsión planificados desde los distintas cárceles del país, dijo.

"Increíblemente no tenemos un listado certero de los privados de libertad. Es decir, hay listas donde inclusive no hay la correspondiente fotografía del privado de libertad. Además, tenemos sospechas de que algunos que están cumpliendo pena, quienes están físicamente ahí no son las personas realmente con su identidad".

Por ello, agregó, un primer paso es hacer requisas "en todos los centros penitenciarios" para identificar a los reos, conocer su tipología y elaborar perfiles de cada uno. "Sin esa base de datos no podemos tomar decisiones", detalló Jiménez, quien dijo que al menos 4.000 presos ya cumplieron sus condenas pero no han podido pagar su excarcelación.

A partir de ese censo, el gobierno podrá comenzar a enfrentar otros problemas como el hacinamiento, llevar a discusión el tema de las medidas de prisión preventiva, que representan el 48 % del total de presos y que, en gran medida, es responsabilidad de la norma legal vigente que no da más opciones a los jueces para mantener bajo custodia a personas involucradas en delitos.

En paralelo, el Ejecutivo también tiene planeado continuar la construcción de una cárcel que comenzó el antiguo gobierno e incluir dos nuevos centros penitenciarios que estarían listos para 2028, lo que ayudaría a mejorar la situación penitenciaria.

Otros puntos claves

Otras realidades que son importantes abordar es enfrentar la corrupción interna en la fuerza pública, como la presencia de agentes que cobran a subalternos a cambio de ascensos, nombramientos en cargos y hasta para entrar en academias.

Esto, añadió Jiménez, muestra una institucionalidad débil que debe ser reformulada y fortalecida, para así erradicar irregularidades como la poca operatividad que actualmente tiene el Estado para enfrentar a las mafias carcelarias, debido a la alta complicidad entre las autoridades y los presos.

Otro tema preocupante es el "temor" que genera el alza de los delitos de homicidios, después de que el país registrara por varios años un descenso en esa materia. También está la alta percepción de inseguridad por la gran cantidad de extorsiones, por lo que se establecerá una agenda de diálogo en las comunidades más conflictivas.

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El tráfico de estupefacientes sigue siendo un punto clave en la seguridad nacional. "El narcotráfico ya no es un problema de gringos", dijo y agregó que en Guatemala han descubierto cultivos de coca, laboratorios para fabricar cocaína y una tendencia al aumento del consumo de drogas.

Todo esto, comentó el ministro —quien ocupó el mismo cargo durante la presidencia de Álvaro Colom (2008-2012)—, forma parte de un negocio lucrativo estrechamente vinculado al lavado de activos y al ámbito político, una situación que "va minando al Estado" y que "se debe enfrentar" con fuerza, señaló.

Para hacer frente a estas irregularidades, Jiménez informó que la administración de Arévalo apuesta también a la transparencia de gestión, al ofrecer pleno "acceso a la información pública", para que la ciudadanía tenga a su alcance toda la documentación necesaria para observar y evaluar al gobierno y sus instituciones.

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