La 'ley ómnibus' presentada por el presidente Javier Milei, y que es uno de los proyectos centrales de su Gobierno, avanza a la recta final de su debate parlamentario en medio de intensas negociaciones con la oposición "dialoguista" que todavía no garantiza por completo su voto a favor.
Las dudas en torno a la iniciativa postergaron una vez más el arribo de la ley para su debate ante el pleno de la Cámara de Diputados. Primero, desde el Gobierno aseguraron que se discutiría el jueves pasado. Luego, que se trataría mañana, pero finalmente se estableció que será recién el miércoles 31 de enero.
De esta forma, Milei enfrentará la jornada parlamentaria más intensa desde que comenzó a gobernar el pasado 10 de diciembre, ya que se prevé que la sesión, que comenzará a las 10:00 horas, será maratónica. Además, habrá movilización popular en las afueras del Congreso para pedirles a los diputados que voten en contra.
Desde que el presidente presentó a fines de diciembre la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que fue rebautizada como 'ley ómnibus' porque abarca cientos de leyes que transforman por completo el funcionamiento del Estado, insistió que no negociaría, ni cambiaría ni cedería en nada.
Pero, en los hechos, la presión social y política logró que, en un primer corte, el documento quedara reducido de 664 a 523 artículos. El viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en una sorpresiva conferencia de prensa que, además, sacarían todo el capítulo referente a reformas fiscales.
De esta forma, la ley que se discutirá en sesión plenaria en Diputados ya sólo contiene 386 artículos, es decir, 278 menos de los presentados originalmente.
Sin embargo, aun así, todavía no logra el consenso de los opositores "amigables".
Escenarios
Milei necesita el respaldo de los bloques opositores porque su partido, La Libertad Avanza, sólo cuenta con 38 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados, lo que es insuficiente para tener el cuórum que permita el inicio de la sesión y, sobre todo, para que la ley se apruebe.
Hasta ahora, el Gobierno tiene el apoyo incondicional de los diputados del partido Propuesta Republicana (PRO, del expresidente Mauricio Macri), pero sólo ha obtenido el respaldo parcial de las bancadas de la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal (peronistas).
Esos partidos son los que la prensa ha denominado como oposición "dialoguista", "aliada", "blanda", "racional", "sensata", "responsable" o "constructiva", ya que quieren "ayudar" al presidente, a diferencia de Unión por la Patria (peronismo/kirchnerismo) y el Frente de Izquierda, que desde el principio advirtieron que votarán en contra.
La semana pasada, de manera inesperada, Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, logró que los tres diputados que representan a esta provincia abandonaran el bloque de Unión por la Patria y armaran un grupo propio para votar a favor de la ley.
Fue resultado de una de las tantas negociaciones que llevó a cabo el Gobierno con los gobernadores, a quienes también amenazó con recortarles fondos si no apoyaban el proyecto, lo que tensó al máximo el debate público, que finalmente se atemperó el viernes con el anuncio del ministro de Economía sobre el nuevo recorte de artículos.
De esta forma, el Gobierno ya tuvo que sacar los capítulos más conflictivos, como las retenciones a los empresarios del agro; la reforma electoral que abría la puerta al financiamiento privado de las campañas y eliminaba las elecciones primarias de candidatos; el mecanismo de actualización de las jubilaciones; y la desregulación de los mercados de biocombustibles, pesca e hidrocarburos.
También dieron marcha atrás en la desaparición del Fondo Nacional de las Artes (Fonca), el Instituto Nacional de Ciencias y Artes Audiovisuales (Incaa), el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip),
Resistencias
A pesar del drástico recorte de artículos, todavía hay apartados que la mayoría de los diputados no parecerían dispuestos a avalar.
Uno de los artículos más controvertidos sigue siendo el que propone la "delegación de facultades legislativas" para Milei en el marco de la "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social" hasta el 31 de diciembre de 2024, con posibilidad de prorrogarlo un año más.
Esto le permitiría al presidente emitir las leyes a su gusto en esos rubros sin necesidad de pasar por el Congreso, lo que es rechazado por parte de la oposición a pesar de que el Gobierno ya sacó las materias previsional (pensiones y jubilaciones), defensa, sanitaria y social.
Otros artículos impugnados se refieren a la privatización de empresas públicas o la criminalización de la protesta social, que dejaría de ser un derecho constitucional para convertirse en un delito, lo que ya fue cuestionado incluso por Naciones Unidas.
Además, el documento mantiene la limitación al derecho a huelga de los empleados públicos y se les impide ejercer militancia política; avala el 'gatillo fácil' para que las víctimas de violencia institucional no puedan demandar a las fuerzas de Seguridad por los abusos que cometan; reduce el impuesto a la riqueza y abre la posibilidad de arancelar la universidad a extranjeros.
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