El Congreso de los Diputados de España vota este martes la ley de amnistía que lleva semanas tramitándose en el Parlamento, y que fue una de las exigencias de Junts per Catalunya, el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont, para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente.
A pesar de que parecía que las negociaciones habían dado lugar a un acuerdo que contentaba tanto a Junts como al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y al resto de sus socios parlamentarios, las últimas decisiones judiciales han hecho que los pactos se tambaleen.
Así, los últimos autos del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón se han centrado en vincular al terrorismo las protestas producidas en Cataluña en 2019 contra la condena del 'procés', e incluir a Puigdemont como dirigente de esos actos.
Los actos de terrorismo no estaban incluidos en la primera versión de la ley de amnistía presentada en el Congreso, por lo que durante la tramitación de las enmiendas se incluyeron aquellos actos que se consideraran terrorismo, pero que no conllevaran una vulneración grave de los derechos humanos.
Sin embargo, a estas vicisitudes se ha añadido este lunes el auto del magistrado Joaquín Aguirre, que ha reactivado la causa que investiga la supuesta trama rusa del 'procés'. Este juez hace referencia a que Puigdemont podría haber llevado a cabo negociaciones con un Gobierno extranjero, lo que está sancionado en el Código Penal.
Aunque Aguirre no hace una calificación concreta del delito que estaría investigando, como señala eldiario.es, todo apunta a la traición, algo que no está incluido en el paraguas de la amnistía que cubriría a los involucrados en el proceso secesionista llevado a cabo en Cataluña en los últimos años.
En este escenario se llega a la votación de este miércoles, que debía dar luz verde a esta normativa. Sin embargo, en las últimas horas Junts ha dejado traslucir que podría optar por un 'no' y tumbar esta legislación, según recoge Público.
La intención es que la norma regrese a la Comisión de Justicia para que se vuelva a negociar y se retoque el texto, con la finalidad de atajar futuras interpretaciones judiciales que amaguen con dejar en aguas de borrajas la intención legislativa.
En este sentido, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, afirmó este domingo. "En un sistema en que prime la separación de poderes, la ley está bien, pero seguimos trabajando con PNV, ERC, Sumar y el PSOE para reforzarla ante ataques impropios de un sistema democrático".
Este movimiento podría dejar al descubierto algo que ha sido negado en reiteradas ocasiones por todas las formaciones que apoyan la amnistía: la intencionalidad de que el borrado de los delitos afecte a personas concretas, en este caso, al propio Puigdemont.
Así, una ley que se había tramitado por la vía de urgencia, con la única piedra en el camino de la oposición, que anunció que retrasaría todo lo posible su aprobación gracias a la mayoría absoluta que los conservadores tienen en el Senado, puede ver retrasada su entrada en vigor.
Ahora, los partidos independentistas presionan para que se retire del texto la palabra 'terrorismo' y para que incluya el delito de traición, mientras acusan al poder judicial de mover ficha intentando influir en la aplicación de la ley.
Por su parte, los socialistas sostienen que "ahora mismo no hay sobre la mesa ningún cambio en la posición del PSOE sobre la votación de las enmiendas respecto a lo que salió de la comisión de Justicia la semana pasada", según aseguró este lunes la nueva portavoz socialista, Esther Peña.
Sin embargo, Peña puntualizó, en declaraciones que recoge El Debate, que "los partidos siguen hablando, y hasta que se celebre la votación, lo que hay es tiempo", sin cerrar la puerta a la introducción de nuevos cambios.