La ley de amnistía no fue aprobada este martes en el Congreso de España después de que Junts per Catalunya votase en contra, tras no llegar a un acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sobre cómo incluir los delitos de terrorismo en el texto después de los autos de la Audiencia Nacional.
El texto, con 171 votos a favor frente a 179 en contra, vuelve así a la Comisión de Justicia para retomar la senda de las negociaciones en un plazo de un mes.
"Junts siempre ha defendido que la amnistía debe incluir a todo el mundo y debe ser de aplicación inmediata. La propuesta de amnistía que se vota hoy no garantiza estos dos objetivos sobre todo vista la deriva de varios estamentos judiciales para boicotear la ley y dejar a muchos independentistas fuera", reza un texto de la dirección de Junts, y que adelantó eldiario.es antes de la votación.
Las enmiendas de Junts, partido del expresidente catalán Carles Puigdemont, fueron rechazadas en el pleno del Congreso con el voto en contra de los diputados del PSOE, que descartaron que delitos como el terrorismo o la traición quedasen cubiertos por la ley.
"Una amnistía selectiva y en diferido no es lo que acordamos", recordó la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras.
Últimos autos
A pesar de que parecía que las negociaciones habían dado lugar a un acuerdo que contentaba tanto a Junts como PSOE y al resto de sus socios parlamentarios, las últimas decisiones judiciales hicieron que los pactos se tambalearan.
Los últimos autos del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón se centraron en vincular al terrorismo las protestas producidas en Cataluña en 2019 contra la condena del 'procés', e incluir a Puigdemont como dirigente de esos actos.
Los actos de terrorismo no estaban incluidos en la primera versión de la ley de amnistía presentada en el Congreso, por lo que durante la tramitación de las enmiendas se incluyeron aquellos actos que se consideraran terrorismo, pero que no conllevaran una vulneración grave de los derechos humanos.
A estas vicisitudes se añadió el auto del magistrado Joaquín Aguirre, que ha reactivado la causa que investiga la supuesta trama rusa del 'procés'. Este juez hace referencia a que Puigdemont podría haber llevado a cabo negociaciones con un Gobierno extranjero, lo que está sancionado en el Código Penal.
Así, una ley que se había tramitado por la vía de urgencia, con la única piedra en el camino de la oposición –que anunció que retrasaría todo lo posible su aprobación gracias a la mayoría absoluta que los conservadores tienen en el Senado–, ve retrasada su entrada en vigor.
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