Colombia reconoce ante la CIDH su responsabilidad en la desaparición forzada de dos líderes sociales

El Estado colombiano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad por las desapariciones forzadas de Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Bogotá, ocurridas en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), en 1995, durante un operativo policial.

Este martes, Colombia participó en la audiencia del caso 'Ubaté y Bogotá vs Colombia' ante la CIDH, en San José (Costa Rica), en la que reconoció su responsabilidad en la desaparición forzada de Ubaté y Bogotá. 

El 29 de enero de 2015, la CIDH declaró admisible la petición hecha por un colectivo de abogados sobre la responsabilidad estatal en la violación a los derechos contenidos en varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en el caso Ubaté y Bogotá.

Tras el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, nueve años después de la declaración de la CIDH, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) adelantó previo a la audiencia que se comprometería a "implementar un acuerdo de reparaciones" con las víctimas y sus representantes, que incluye su búsqueda, así como garantías de no repetición.

El caso

Ubaté –desaparecido con 24 años de edad– pertenecía al desmovilizado Ejército Popular de Liberación (EPL) y era miembro del Comité de Derechos Humanos de la Comuna 20 de Siloé. No se tuvo más información sobre su paradero días después de que denunciara alianzas del paramilitarismo con miembros de la Quinta Estación de Policía de Cali.

Por su parte, Bogotá, de 22 años en 1995, era líder comunitaria en la misma comuna caleña.

El 19 de mayo de 1995, ambos se encontraban en las cercanías de la Clínica Tequendama, en Cali, cuando seis hombres armados los golpearon y los subieron a un vehículo.

Al llegar la Policía al lugar, interrogó al conductor, que se identificó como Fernando Ramírez Treviño. Este dijo que la acción era parte de un operativo de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), donde había agentes de la Policía, del desaparecido DAS y del Ejército. A partir de allí se perdió el rastro de los jóvenes.

Un largo proceso

Según la página web de la CIDH, el 27 de julio de 1995 recibió información sobre la "alegada responsabilidad de Colombia" por la "detención ilegal y desaparición forzada" de Ubaté y Bogotá. Ese mismo año, el 24 de agosto, solicitó información al Estado, que respondió en diciembre de 1996.

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Los peticionarios –que en un principio pertenecían a la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz y que posteriormente se constituyeron en la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo– argumentaron que el Estado colombiano era responsable de la violación a los derechos contenidos en varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

En marzo de 1997, la respuesta del Estado le fue enviada a los peticionarios y a partir de allí se inició un largo proceso judicial que se extendió hasta 2014. Finalmente, en 2015, la CIDH declaró admisible la petición y se la notificó a los interesados y es este año cuando Colombia reconocerá su responsabilidad en lo sucedido.

Entre 1938 y 2017, según cifras de Medicina Legal, en el país suramericano han desaparecido 124.000 personas. Por su parte, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) maneja la cifra de 103.839 individuos cuyo rastro se perdió durante el conflicto armado.

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