Alrededor de las 8:00 de la mañana de este viernes comenzó el desahucio de Blanca, una anciana de 78 años que llevaba casi medio siglo residiendo en una vivienda del barrio Gótico de Barcelona, en el noreste de España.
Dos horas después de que inició el proceso, la mujer salió de la vivienda a la que tan solo podrá volver para recoger algunas de sus pertenencias, según informa eldiario.es.
Su caso es paradigmático de la situación que se vive en algunas de las grandes ciudades españolas. Una deuda de 88 euros, ya saldada, ha sido la excusa que ha encontrado el propietario del inmueble para echar a una inquilina que tiene un contrato de renta antigua por el que pagaba 190 euros al mes.
Una cantidad irrisoria si se compara con los más de 1.000 euros que puede obtener de un nuevo alquiler, o mucho más si se dedica a alquileres turísticos, que es lo que sospechan desde colectivos de defensa de la vivienda.
El destino inmediato de Blanca es el de una pensión, una vez descartada la opción de irse a vivir con su hijo a un local de apenas 40 metros cuadrados, reconvertido en vivienda, debido al precario estado de salud de ambos.
La idea es que el Ayuntamiento de Barcelona le consiga una vivienda pública, que tenga los requisitos necesarios de habitabilidad para que la mujer pueda vivir con dignidad. Pero no se sabe cuándo pasará eso.
Una deuda de 88 euros de hace seis años
La historia reciente de Blanca comenzó hace seis años, cuando descubrió una fuga de agua y pidió a la propietaria que le realizara diversos arreglos. La dueña accedió, pero a cambio de que la inquilina le realizara un pago de 88 euros mensuales durante seis meses, un total de 532 euros.
Durante tres meses la anciana no realizó el nuevo abono, ya que la vivienda no había quedado en buenas condiciones después de las obras. Sin embargo, tras ser asesorada comenzó a pagar esos recibos extra.
Antes de que pudiera pagar el último, llegó la demanda de desahucio. Esa última cuota fue pagada, pero el proceso ya nunca se paró.
El caso tiene además cuestiones jurídicas que lo hacen todavía más incomprensible. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de 1994, establece que el arrendador está obligado a sufragar las obras de mantenimiento sin que pueda exigir una compensación por ello.
Esa compensación, fijada en el 8 % de las obras, sí estaba contemplada en la legislación anterior, de 1964. La propiedad alega que se trata de un acuerdo entre las dos partes, mientras que la anciana sostiene que no accedió, pero que finalmente se comprometió a hacer el pago cuando los desperfectos fuesen subsanados.
Un juzgado de primera instancia dio la razón a Blanca, determinando que los 88 euros eran en concepto de compensación por las obras y no parte del alquiler, por lo que no se le podía desahuciar por impago de la renta. Sin embargo, en segunda instancia, la Audiencia de Barcelona falló a favor de los dueños del inmueble.
Durante los últimos meses se han estado desarrollando intensas negociaciones entre la propiedad y el Ayuntamiento de Barcelona, que ofreció alternativas para que la mujer pudiera permanecer en su vivienda al menos durante un año más, como abonar la diferencia entre la renta que pagaba la anciana con el precio de mercado.
Sin embargo, todos los esfuerzos han resultado vanos, y este jueves, ante la presencia de agentes de los Mossos d'Escuadra (la Policía regional catalana) y el resto de miembros de la comitiva judicial, Blanca ha tenido que abandonar la casa en la que entró vestida de novia y en la que falleció su marido hace tres años.