El Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, quedó envuelto en un nuevo escándalo luego de que miembros de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados presentaran un proyecto que pretende derogar la legalización del aborto, aprobada en ese país a finales de 2020.
La iniciativa, que fue presentada por Rocío Belén Bonacci, una diputada de 27 años e hija del político de extrema derecha José Bonacci, también fue firmada por Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y el presidente de la bancada del partido mileísta La Libertad Avanza, Oscar Zago.
El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el lunes, pero se dio a conocer el miércoles por la noche, justo cuando el Gobierno enfrentaba la grave crisis política provocada por el fracaso de la 'ley ómnibus', el ambicioso plan de reformas de Milei que naufragó en el Congreso.
La polémica fue inmediata. "Ni un paso atrás", advirtieron los colectivos feministas en medio de la ola generalizada de repudio que tiñó las redes sociales de pañuelos verdes, el símbolo de la legalización del aborto, y en la que participaron incluso políticas aliadas al Gobierno.
"Tenemos suficientes problemas: resolvamos alguno antes de abrir uno nuevo", "Con algunos temas no se jode más", "Repudiamos el proyecto que pretende hacernos volver un siglo atrás", "Al aborto clandestino no volvemos nunca más", "Parece que quieren desquitarse con las mujeres por el fracaso de la ley ómnibus", "¿Quieren la marea verde de nuevo? Ahí nos verán en las calles", fueron algunas de las reacciones.
La iniciativa es inexplicable en términos políticos, ya que, si Milei no consiguió los votos para la 'ley ómnibus', menos los tiene para derogar una ley con tres años de vigencia y que es transversal, porque fue apoyada por líderes de todos los partidos políticos y cuenta con un alto grado de consenso social. Ya es un derecho.
Caos
La semana pasada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió que podrían proponer la derogación en algún momento, pero que por ahora no era una prioridad. Este jueves, afirmó que el proyecto no tiene el aval del Gobierno.
"La iniciativa fue de la diputada Bonacci, no es parte de la agenda del presidente, no está impulsada por el Poder Ejecutivo. Estamos preocupados, abocados y trabajando sin ningún tipo de descanso en otro tipo de temas que son mucho más urgentes", afirmó en su conferencia de prensa.
La víspera, el estupor fue mayor cuando los firmantes de la propuesta comenzaron a desligarse y a aclarar que no la habían respaldado oficialmente. Lemoine incluso denunció una posible falsificación de su rúbrica.
Bonacci entonces "explicó" que luego de mandarles el documento "por WhatsApp" a sus compañeros de bancada, dio por válido su apoyo, lo que viola los procesos parlamentarios.
El problema es que en este momento el Gobierno sortea la crisis de la 'ley ómnibus', la cual fracasó en gran parte debido a la impericia y desconocimiento de los diputados con respecto al funcionamiento del Poder Legislativo, una falta que volvió a quedar demostrada con la nueva propuesta de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Conforme se conocían más detalles, el escándalo se acentuaba, ya que, por ejemplo, la iniciativa de la diputada penaliza el aborto en caso de violación o abuso sexual, a pesar de que la despenalización en estos casos ya regía en este país desde 1921. Es decir, que retrocede en derechos no solo tres años, sino más de un siglo.
De acuerdo con datos oficiales, en los primeros tres años de vigencia de la legalización, se realizaron más de 245.000 interrupciones voluntarias del embarazo en instituciones públicas de salud, (a lo que habría que sumar las que se realizan en el sector privado), lo que ha impedido más muertes y criminalización de mujeres y personas gestantes.