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Fabricantes de armas pedirán a la Corte Suprema de EE.UU. que frene la demanda de México
Desde el Gobierno de México denunciaron que las compañías estadounidenses "suministran habitualmente armas de alto poder" a grupos criminales, facilitando el tráfico hacia el país.
Fabricantes de armas de EE.UU. planean apelar a la Corte Suprema del país la demanda del Gobierno de México por 10.000 millones de dólares que busca responsabilizarlos por facilitar el tráfico de armas a los cárteles de la droga a través de la frontera entre Estados Unidos y México, informó Reuters este viernes.
Así lo adelantó un abogado de la empresa Smith & Wesson Brands durante una audiencia judicial virtual, después de que el mes pasado el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston anulara la decisión de un juez que desestimó el caso.
En esa audiencia, el letrado Andrew Lelling apuntó que existía una "posibilidad razonablemente buena" de que el máximo tribunal norteamericano aceptara escuchar su apelación. Además, indicó que la apelación de los fabricantes se centraría en si los reclamos de México están prohibidos por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que brinda a dichas empresas una amplia protección contra demandas por el uso indebido de sus productos.
"Este caso involucra un estatuto diseñado específicamente para permitir que este grupo particular de acusados eluda los costos del litigio si el caso en cuestión cae dentro del ámbito del estatuto", afirmó Lelling, agregando que "esa misma cuestión sigue siendo la que está en discusión".
En enero, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de EE.UU. dictó sentencia a favor de México en su demanda civil contra empresas fabricantes de armas estadounidenses.
Tras el fallo, la demanda presentada en agosto de 2021 regresa a la corte federal de Boston, Massachusetts, para seguir su cauce legal.
Desde el Gobierno de México denunciaron que las compañías "suministran habitualmente armas de alto poder" a grupos criminales, facilitando el tráfico hacia el país. El Ejecutivo señala a 11 empresas por promover prácticas comerciales "negligentes e ilícitas" que facilitan el tráfico ilegal de armamento y alimentan la violencia en el país latinoamericano.
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