La Audiencia Provincial de Barcelona ha ratificado la decisión del juzgado de instrucción número 7 de enviar a juicio a 46 agentes de la Policía Nacional española por las cargas que llevaron a cabo en diferentes colegios de la capital catalana durante la celebración del referéndum de autodeterminación ilegal en Cataluña el 1 de octubre de 2017, informa La Vanguardia.
El tribunal rechazó todos los recursos de apelación presentados por las partes y considera que existen suficientes indicios de delitos de lesiones y contra la integridad moral de los participantes en la consulta.
Se descarta por un lado la imputación de más agentes, y por otro, también se desecha archivar la causa contra ninguno de los encausados.
En enero de 2023, el instructor del caso hizo un relato pormenorizado de lo ocurrido aquel 1 de octubre en distintos colegios. Además de las declaraciones de los testigos, existe numerosos videos de aquella jornada.
Debido a esas pruebas, el juez no aprecia proporcionalidad en el actuar de los agentes, que habían sido destinados a Barcelona para dar cumplimiento con la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que mandataba impedir el referéndum "sin afectar a la normal convivencia ciudadana".
La resolución judicial conocida el pasado jueves recoge conductas como la de un agente que saltó desde una escalera para dar una patada a un hombre; otros tres agentes lanzando escaleras abajo a varias personas; cargas policiales sin mediar palabra, advertencia o requerimiento alguno; un agente que golpeó a personas ya desalojadas, dio patadas a una que intentaba levantarse y golpeó en la cara a quien intentó ayudarle.
"Puede verse a agentes dando puñetazos, patadas, agarrando del cuello, lanzando personas al suelo e incluso golpeando con porras a gente que ya no se encuentra en la puerta del colegio ni tiene una actitud agresiva hacia los funcionarios", señala el auto sobre la actuación en uno de los colegios, según recoge el portal jurídico Iustel.
Ley de amnistía
La instrucción de este juicio corre paralela a la tramitación en el Congreso de los Diputados de la ley de amnistía que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pactó con Junts per Catalunya, el partido del expresidente catalán y actual eurodiputado Carles Puigdemont.
La ley pretende borrar los delitos cometidos en el marco del proceso secesionista que vivió Cataluña en los últimos años. Además de un número indeterminado de personas del ámbito independentista, que se estima en varios centenares, también cubriría a estos 46 policías.
La ley tuvo un traspié hace dos semanas, cuando no consiguió ser aprobada por la Cámara Baja por la negativa de Junts, que exigía cambios en la norma. Sin embargo, su tramitación continúa a la espera de volver al Congreso y se prevé que sea aprobada en los próximos meses.