Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, denunciado por presunto tráfico de influencias, sigue generando polémica en el país andino luego de que el programa 'Panorama' difundiera los nombres de los amigos con los cuales juega fútbol semanalmente y que actualmente tienen órdenes de servicio con el Estado peruano.
Uno de los jugadores es Roberto Torres, trabajador del Programa Nacional contra la Violencia Familiar del Ministerio de la Mujer. Previamente también se desempeñó en puestos clave cuando la mandataria dirigía (2021-2022) el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
Otro allegado es Jefferson Díaz Ferreyra, funcionario del programa Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero del Ministerio de la Producción. E igualmente estuvo en el Midis entre el 2021 y 2023, cuando fue asesor en la Secretaría General.
Como funcionario de confianza del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social del Midis está Jorge Távara Vallejos, quien reconoció a 'Panorama' que Boluarte Zegarra ha sido su jefe.
También se mencionó el caso de Sergio Leo Torres, quien en 2015 trabajaba en la Dirección Regional de Trabajo de Lima cuando Boluarte Zegarra era viceministro de Trabajo. Luego fue admitido en el Midis y, en 2023 con Boluarte ya en Palacio de Gobierno, fue incorporado al despacho presidencial, donde reportan que percibió más de 131.000 soles (alrededor de 33.000 dólares) en remuneraciones.
La jefa de Estado no se ha pronunciado al respecto, pero en varias ocasiones ha rechazado estas acusaciones e incluso arremetió contra otro dominical. "Desde el inicio del Gobierno no nos han soltado domingo a domingo (...) dejen de difamar a mi hermano, él no está participando en absolutamente nada", dijo el mes pasado.
Presuntos ascensos irregulares
La misma jornada el programa 'ContraCorriente', del canal Willax, reveló que un grupo selecto de comandantes fueron ascendidos a coronel de la Policía, presuntamente sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley, "solo por estar muy cerca a lo más alto del poder político".
La norma establece que para ser coronel de la Policía Nacional del Perú los oficiales deben cumplir de manera real y efectiva, cinco años o 60 meses de servicio, fuera de Lima y Callao.
'ContraCorriente' accedió a las actas de los efectivos que postularon e identificó que 20 de ellos habrían ascendido al grado de coronel, obviando este requisito.
Un policía, en condición de anonimato, aseveró que él cumplía con el requisito, pero no fue contemplado por no estar vinculado con Boluarte. "Pedimos que se investigue a los responsables que dieron la aptitud a estos oficiales sin tenerlo, irregularmente e ilegalmente", sostuvo.
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