Autoridades de Colombia y Ecuador mantuvieron este miércoles 14 de febrero una reunión en la sede de la Cancillería en Bogotá (Colombia) en la que coincidieron en la necesidad de mantener la vigencia del convenio de repatriación voluntaria de los detenidos. El encuentro se dio días después de que el Gobierno de Quito anunciara su intención de enviar a sus países de origen a unos 3.000 reclusos.
Según revelaron ambos Gobiernos, citados por medios de sus países, dejaron en claro su intención de continuar con la aplicación de "los procedimientos previstos en los acuerdos bilaterales para facilitar las repatriaciones voluntarias de ciudadanos privados de libertad, de nacionalidad colombiana y ecuatoriana".
Por su parte, la Cancillería colombiana emitió un comunicado en el que precisó que gestionarán "de manera expedita y oportuna las solicitudes de repatriación" "hacia sus respectivos países". "El convenio y reglamentos existentes han venido funcionando de manera permanente desde hace 30 años", agregó el viceministro de Política Criminal de Colombia, Camilo Umaña, quien también lidera el organismo a cargo del traslado de detenidos.
La reunión se produjo luego de que el 30 de enero la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, confirmara la intención de repatriar a unos 3.000 presos extranjeros a sus países de origen.
En este contexto, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec), Daniel Gutiérrez, expresó que aún aguardan el detalle sobre la cantidad de reos que serían enviados al país. "Todavía no hemos recibido información puntual de los 1.500 o de las personas que van a ser repatriadas, entonces estamos a la espera de que envíen la información para empezar a revisar los requisitos", explicó.