El presidente de Argentina, Javier Milei, decidió eliminar varios fondos fiduciarios o fideicomisos públicos de ese país suramericano, que están valorados en unos 2.000 millones de dólares y que representan un ajuste de medio punto del Producto Interno Bruto (PIB).
Así lo informó este viernes el vocero presidencial de Milei, Manuel Adorni, en su rueda de prensa matutina, donde indicó que la eliminación de "determinados fondos fiduciarios" obedece a que "especialmente" el presidente argentino considera que estos recursos "carecen de transparencia" y son parte de lo que el gobierno califica como "cajas de la política".
"Nosotros finalmente vamos a terminar con estas cajas", recalcó Adorni y agregó que los fondos a eliminar —aunque no precisó cuáles serán— existen desde hace unos 30 años. Además, dijo que espera que la medida sea comprendida, porque para la administración de Milei "la transparencia tiene que estar por encima de todo".
El vocero presidencial resaltó que esta decisión se ejecuta para "que se de lugar" a lo que el gobierno de Milei había planteado "especialmente" en el controvertido proyecto reformista conocido informalmente como 'ley ómnibus', propuesta gubernamental que se hundió en la Cámara de Diputados el pasado 7 de febrero.
La polémica medida, que ya había sido adelantada por Milei en distintas entrevistas con medios locales, afecta principalmente la asignación de recursos y los presupuestos de las provincias, una situación que fue rechazada por varios gobernadores cuando la propuesta de ley era debatida en el parlamento.
Cuando los legisladores realizaban los debates sobre la polémica y criticada reforma, los gobernadores y gremios sindicales se opusieron al inciso "h" del artículo cuarto, que le otorgaba a Milei el poder de "transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos", inclusive aquellos destinados a subsidios.
¿Golpe a "la casta"?
El medio local Sección País detalló que la derrota de la 'ley ómnibus' en el Congreso, le impidió a Milei manejar a su antojo al menos 1.500 millones de dólares distribuidos a través de, al menos, 29 fideicomisos que generan aportes para las provincias, gremios sindicales, movimientos sociales y urbanos.
Milei considera que los fondos fiduciarios son una "caja negra" sin control que ha sido defendida por "la casta" para no perder los "privilegios" que obtienen a través del manejo de estos recursos. Por esta razón, adelantó que debía eliminarlos.
"Vamos a avanzar fuertemente sobre todas las cajas negras de la política", expresó el mandatario en una entrevista con el medio local La Nación.
Allí anticipó que eliminaría los fondos vía decreto y comentó que estos fideicomisos fueron la principal causa para que su polémica reforma estatal no fuera aprobada en el parlamento y tuviera que retroceder para ser analizada desde cero en comisiones.
"Son todas cajas negras de la política. Eso hay que terminarlo. Eso pone muy nervioso a muchos. Hay muchos agentes de la política que viven de eso", dijo Milei, quien días antes, tras el fracaso de la 'ley ómnibus', culpó a los gobernadores y los llamó "traidores", además de amenazarlos con quitarles recursos.
Tensión de las provincias en alza
La polémica situación generada por la postura radical de Milei que desafía a la de los gobernadores provinciales, ha incrementado la tensión en los últimos días, sobre todo, desde que el gobierno central decidió dejar de enviar fondos nacionales al interior del país.
Por ello, cinco provincias ya han presentado reclamos por la vía judicial, mientras que otras demandan los ingresos de coparticipación federal mediante acciones administrativas.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Río Negro, Alberto Weretilneck y el de Neuquén, Rolando Figueroa, ya iniciaron procesos legales. Anteriormente, Ricardo Quintela, de La Rioja, había presentado un recurso ante la Corte Suprema para oponerse al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido en diciembre por la Casa Rosada.
El jueves, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que presentará un reclamo formal por el adeudamiento de fondos destinados a transporte y educación. Milei también dejó de repartir los ingresos fiscales por el llamado Impuesto PAIS que, por ley, se destina a financiar programas de infraestructura social en provincias y municipios.
Por su parte, Milei defendió los recortes a las provincias en una entrevista con radio La Red, y aseguró que no habrá más "obra pública" financiada por la Nación porque la considera "un mecanismo furioso de robo". Y señaló que las obras pueden hacerse con inversión privada.
De acuerdo al diario La Nación, en enero las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han dejado de percibir fondos por 431.299 millones de pesos (unos 518 millones de dólares), lo que generó serios desajustes económicos para las gestiones locales.
Según el medio, la semana pasada la mayoría de los gobernadores acordaron que sus equipos técnicos analizarían las presentaciones de acciones judiciales contra los recortes de fondos que impulsó el Poder Ejecutivo.
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