El partido fujimorista Fuerza Popular (FP) impulsa un proyecto de ley que "fortalece la institucionalidad" del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú y otro que "precisa los alcances" del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación.
La fórmula legal 7038, presentada la semana pasada por el congresista Raúl Huamán Coronado, propone que el presidente del JNE sea elegido entre sus miembros titulares mediante votación secreta, por mayoría simple y por el período de un año.
La ley orgánica del JNE establece que sus integrantes son elegidos en votación secreta por la Corte Suprema de la República, entre sus magistrados jubilados o en actividad.
En el proyecto de ley el grupo parlamentario de FP consideró que "no existe fundamento alguno" para que un representante de la Corte Suprema presida el JNE. "Esta situación expone y perjudica a la democracia", añadió.
Fuentes del JNE alertaron este lunes al diario local La República que el fujimorismo busca que Willy Ramírez, del Colegio de Abogados y actual integrante del órgano electoral, sea quien encabece el proceso de cara a las presidenciales de 2026.
El magistrado es primo de Joaquín Ramírez, alcalde de Cajamarca y exfinancista de la lideresa de FP, Keiko Fujimori. Además, fue parte del jurado cuando la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, obtuvo sus polémicos grados académicos de magíster y doctora.
"Yo no podría afirmar eso porque el pleno del JNE consta de cinco personas, se elegirá con voto secreto, así tenga un familiar de Fuerza Popular, no tiene nada que ver ahí", respondió Huamán. Empero aclaró que, si se aprueba, "se debe poner en práctica" de cara a los comicios de 2026; a los cuales Fujimori no descarta participar.
El presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, ha denunciado en varias ocasiones que sectores políticos intentan tomar el control del organismo. La semana anterior incluso denunció un "plan" en el Congreso para "deshacerse" de él porque "le es incómodo".
Sobre delitos de lesa humanidad
Esta jornada el legislador de FP, Fernando Rospigliosi, se manifestó sobre el proyecto de ley introducido recientemente que busca beneficiar a sentenciados por delitos de lesa humanidad o por crímenes de guerra cometidos antes del 2002, para que se declaren nulas sus condenas.
"Las leyes no son retroactivas. Aquí se ha venido aplicando de manera ilegal y prevaricadora de parte de jueces y fiscales el criterio de lesa humanidad para militares y policías que combatieron y derrotaron al terrorismo en los 80 y los 90", afirmó a la emisora Exitosa.
Rospigliosi señaló que, según la ley peruana, "esos supuestos delitos" de violaciones a los derechos humanos "ya han prescrito porque los delitos prescriben a los 20 años".
El Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, formalizó el concepto de crimen de lesa humanidad que entró en vigor el 1° de julio de 2002. En Perú, se había ratificado y publicado en octubre de 2001.
Datos del Ejército peruano, reflejan que 810 oficiales y suboficiales han sido condenados, procesados e investigados. Mientras que hay "más o menos" 35 presos, puntualizó el parlamentario fujimorista.
Se desconoce cuándo se votarán estos proyectos. La legislatura de 2024 del Congreso peruano inicia el mes próximo.
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