Un proyecto de ley, que todavía no ha sido presentado oficialmente, pretendería reorganizar el Ministerio Público de Perú, lo que ha desatado toda una serie de comentarios e incluso una denuncia de intento de quiebre constitucional.
El fiscal de la Nación interino de Perú, Juan Carlos Villena, aseguró el jueves que se trata de "uno más de los proyectos de ley que claramente pretende quebrantar el orden constitucional y democrático".
En un pronunciamiento, de casi siete minutos, indicó que el propósito es "volver a los inicios de los años 90, cuando se destituyó a muchos fiscales titulares del Ministerio Público", con las consecuencias que tuvo para la política nacional.
Entre esas consecuencias, Villena hizo referencia a la disolución del Congreso en 1992, previo a la destitución de los jueces del Tribunal Constitucional en 1997, bajo el mandato de Alberto Fujimori, que le permitieron al político postularse por tercera vez.
"Este proyecto de ley, abiertamente inconstitucional y arbitrario, evidentemente vulneraría el Estado constitucional de derecho, la autonomía e independencia del Ministerio Público y el equilibrio del poder", añadió Villena.
Además, apuntó que este plan "busca evitar y frustrar las investigaciones de los altos funcionarios que vienen llevándose a cabo", entre las cuales mencionó la que afronta la mandataria, Dina Boluarte, por las decenas de muertes en protestas antigubernamentales.
La respuesta
El congresista detrás del proyecto de ley es el almirante retirado Jorge Montoya, del partido ultraconservador Renovación Popular, que en la red social X aclaró que "su verdadera misión radica en restaurar la confianza erosionada en la justicia".
"No, señor fiscal de la Nación, es imperativo aclarar que el proyecto de ley, que fue desafortunadamente filtrado de manera maliciosa a los medios, no persigue la intención de obstaculizar las investigaciones en curso, que hasta el día de hoy no han dado frutos", dijo.
Montoya afirmó que el bosquejo es "una respuesta necesaria ante las preocupantes declaraciones que vinculan a altos funcionarios del Ministerio Público en situaciones comprometedoras".
La mención de Montoya hacía alusión a lo esbozado por Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien ha implicado a múltiples funcionarios en presuntos actos delictivos.
Benavides fue la antecesora de Villena, quien asumió el interinato de la Fiscalía de la Nación en diciembre pasado, tras la suspensión de seis meses dictada contra ella por presuntamente liderar una red criminal.
"Es crucial subrayar que, hasta el momento, el proyecto de ley que ha generado revuelo aún no ha sido aprobado y continúa en discusión en nuestra bancada (...) se espera un análisis exhaustivo y un debate transparente para abordar las preocupaciones de la sociedad y garantizar la integridad del sistema judicial", cerró el legislador.
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