En Guatemala se aviva la tensión en torno a una de las minas de plata más grandes del mundo, con las comunidades indígenas llevando a cabo una consulta popular y la multinacional canadiense incidiendo ante el Gobierno para reactivar su explotación.
Además, la mina Cerro Blanco, ya ha puesto en alerta a la nación vecina de El Salvador ante los riesgos de contaminación y lo que supondría para la economía de la zona. Nuestro corresponsal Alex Piñón conversó en el terreno con residentes directamente afectados.
Fase de explotación
El proyecto Cerro Blanco, en el municipio de Asunción Mita, al este de Guatemala, ha estado en manos de capital canadiense desde 2006, y durante casi una década la minera Glamis Gold intentó sin éxito llegar a la fase de explotación, para lo que tenía que bombear continuamente aguas termales y excavar túneles.
Fue en este periodo, cuando personas como Arnulfo Díaz, extrabajador de Cerro Blanco, se dieron cuenta de que trabajar en la mina de oro de su comunidad, sin ningún tipo de capacitación, garantía, ni equipo adecuado, se convertiría en una pesadilla que dejaría secuelas en su salud de por vida.
El proyecto continúa
En 2017, otra compañía canadiense, Bluestone Resources, compró Cerro Blanco y, cuatro años después, a través de su filial guatemalteca, Elevar Resources, se anunció que buscarían reiniciar la operación de la mina, esta vez a cielo abierto.
Ese año se realizó un plebiscito en la comunidad ante las alertas por el impacto ambiental y la seguridad de los trabajadores. Y aunque ganó el rechazo al megaproyecto, la empresa interpuso un recurso legal, por lo que la corte de constitucionalidad emitió un fallo a favor de la minera para dejar sin efecto los resultados y permitir que el proyecto minero continuara.
Mario Giovanni Martínez, vicepresidente del comité organizador de la consulta popular, asegura que el próximo paso consiste en mantener a la población organizada y continuar con el proceso legal para llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Cinco días antes de concluir, la Administración de Alejandro Giammattei dio el aval al estudio de impacto ambiental para el nuevo proyecto de minería en Cerro Blanco, para que la licencia de explotación fuera modificada.
Bluestone anunció la aprobación del permiso ambiental para el proyecto Cerro Blanco y la licencia de minería por parte del Ministerio de energía y Minas de Guatemala. Sin embargo, desde esa cartera negaron dicha aprobación, asegurando que aún se encuentra en fase de estudio.
El Salvador también se preocupa
Los colectivos ambientalistas recuerdan que en 16 años la mina de Cerro Blanco no ha logrado extraer metales y tampoco ha tributado al Fisco. Además, aseguran que su reactivación sería más invasiva y destructiva, causando un desequilibrio grave en Asunción Mita y afectando principalmente al Lago de Güija, cuya superficie es compartida por El Salvador y Guatemala.
Los habitantes de la zona, en su mayoría pescadores que viven de los recursos que ofrece el lago y han invertido en la zona, aseguran que les preocupa que la minería drene las aguas del Güija. "Por lo menos en mi caso, si esto pasa, me haría perder unos 100.000 dólares, y a todos nos cuesta ganarnos la vida" aseguró Miguel Ángel Castro, residente local. Otros, como Mirna Margarita, aseguran que el lago es "la segunda mamá" de los habitantes de esa área, ya que viven de él.
Por otra parte, desde la Cancillería salvadoreña, han pedido entablar una comisión técnica bilateral alrededor del proyecto Cerro Blanco, mientras el Gobierno de Bernardo Arévalo realiza las primeras reuniones de fiscalización entre las autoridades ministeriales, después de las denuncias de corrupción de su antecesor.