Presentan querella y piden retiro de inmunidad contra la fiscal general de Guatemala

El titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN) de Guatemala, Julio Roberto Saavedra, y el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, presentaron este jueves una querella penal en contra de la fiscal general, María Consuelo Porras, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes.

Los funcionarios presentaron la querella ante la oficina de Gestión Penal de la Torre de Tribunales, donde también solicitaron el retiro del derecho antejuicio (inmunidad) contra la jefa del Ministerio Público.

El objetivo, según indica La Hora, es que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inicie el trámite para despojar a Porras de la inmunidad que le confiere el cargo. El expediente deberá ser remitido al Congreso de la República, para que este defina si se retira la protección o no.

Saavedra comentó a la prensa que esta querella se generó ante la negativa de la fiscal general de atender la convocatoria que le hizo el presidente de la República, Bernardo Arévalo, para participar en la junta de Gabinete el pasado 29 de enero.

"Como se recordará, la intención expresada en esa invitación fue coordinar políticas de Estado y acciones acerca de temas que son fundamentales en el esfuerzo que persigue actualmente el Estado de Guatemala para abatir la impunidad, combatir la corrupción y garantizar el respeto de los derechos humanos", dijo el procurador respecto a los motivos de la reunión.

Saavedra explicó que la presencia de Porras en esa junta de Gabinete era "necesaria", para que participase en la deliberación de esos temas de Estado que permitan mejorar las acciones del Gobierno en conjunto con el Ministerio Público.

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Además, dijo que de acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público de Guatemala, Porras estaba obligada a acudir al encuentro. Ese apartado reza: "El presidente de la República podrá invitar al fiscal general para que participe en cualquier Junta del Gabinete o de los Ministros de Estado. En este supuesto, el fiscal general estará obligado a concurrir a la junta, con voz pero sin voto".

Por ello, Saavedra insistió en que "el rehusarse" a participar en esa junta "podría enmarcarse en una conducta delictiva, que el artículo 419 del Código Penal define como incumplimiento de deberes".

"Se niega a cumplir la ley"

Recientemente, Arévalo dijo que Porras "se niega a cumplir la ley" que establece que "tiene que coordinar con el presidente de la República en reuniones de ministros".

"Yo no tengo ningún conflicto personal con la señora fiscal", comentó al respecto.

Desde el Ministerio Público defendieron que Porras se rehusó a participar de la reunión tras constatar que aquel encuentro estaba integrado "por personas distintas a las que establece la ley". "Ante esta situación, la fiscal general tomó la decisión de dejar constancia de la irregularidad legal", indicó la Fiscalía.

Antes de tomar posesión del cargo como presidente el pasado 15 de enero, tras ser electo en las elecciones del 20 de agosto de 2023, Arévalo denunció un intento de golpe de Estado con el objetivo de evitar que asumiera el poder. Su asunción se mantuvo en entredicho hasta el último momento debido a distintas investigaciones judiciales que abrió el MP contra él y su partido político Semilla.

Luz Emilia Ulario Zavala, exalcaldesa indígena del municipio de Santa Lucía Utatlán, aseguró que Porras ha sido un instrumento para encubrir la corrupción de las instituciones del Estado. "No ha hecho las investigaciones o, por lo menos, no [las] ha dado a conocer […] ella no está al lado del pueblo", declaró.

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