El destituido secretario de la Cancillería de Colombia rompe su silencio tras escándalo de pasaportes

Tras su destitución por la polémica de la adjudicación del contrato de impresión de pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons, el exsecretario general de la Cancillería de Colombia, José Antonio Salazar, declaró que tiene "serios y fundados temores". "Están tratando de difundir que yo no actúo solo", afirmó.

En declaraciones a la prensa a las puertas del Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el pasado miércoles Salazar habló sobre su salida del departamento después de haber sido acusado de traición por el presidente Gustavo Petro.

El exfuncionario, destituido el lunes, asegura que actuó siguiendo la ley y que no consultó a nadie para realizar la adjudicación del contrato, porque "la Constitución y la ley deben cumplirse por encima de cualquier instrucción de carácter administrativo", recoge El Colombiano.

También respondió a las acusaciones del canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, quien afirmó que Salazar no tenía facultades para otorgar el polémico contrato. "Me ratifico en todo lo que he hecho, me ratifico en mi posición, en el sentido en que he actuado solo con las competencias que tengo, con el cumplimiento del deber", afirmó el exsecretario general.

En este sentido, indicó que estaba en uso de las facultades legales que le otorgó la resolución 2538 de 25 de mayo de 2019 por la que se hizo la delegación de funciones, cuando el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo le trasfirió esos poderes, que incluyen la representación legal del fondo rotatorio.

Asimismo, Salazar argumentó que su decisión salvó al Estado de tener que pagar 117.000 millones de pesos (alrededor de 30 millones de dólares) de una demanda interpuesta por Thomas Greg & Sons (TGS) cuando la licitación fue declarada desierta.

Cancillería colombiana aclara que la polémica adjudicación de pasaportes "se mantiene suspendida"

Así, el miércoles el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la adjudicación del contrato realizada por el exsecretario general de Cancillería, a pesar de que el Gobierno de Petro no lo reconoce.

Un año de controversia

La polémica se remonta a principios del año pasado, cuando empresas competidoras denunciaron trato preferencial hacia TGS, que llevaba 25 años encargándose de la impresión del documento nacional.

Las acusaciones llevaron a la suspensión del entonces canciller Álvaro Leyva, tras declarar desierta la licitación, y a una demanda al Estado por valor de 117.000 millones de pesos.

Durante estos meses se habría barajado la posibilidad de que la empresa estatal Imprenta Nacional se hiciera cargo de esas funciones, pero ante la falta de capacidad para el inicio inmediato de la producción, se acabó asignando el contrato de forma temporal a TGS.