El exlíder paramilitar Salvatore Mancuso, quien regresó la semana pasada a su país tras cumplir una condena por narcotráfico en EE.UU., sabrá este lunes si queda en libertad condicional para poder cumplir el rol de 'gestor de paz' que le asignó el presidente, Gustavo Petro, mientras responde por múltiples procesos ante la justicia.
El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegó el pasado martes a Bogotá e ingresó en la cárcel de La Picota, en condiciones extremas de seguridad.
El viernes compareció de manera telemática, en la primera parte de una audiencia ante una jueza de ejecución de sentencias del tribunal de Justicia y Paz. En esa sesión, Mancuso pidió que le fuera otorgada la libertad a prueba, con el argumento de que ya pagó en EE.UU. los ocho años de cárcel que exige la Ley aprobada durante el gobierno de Álvaro Uribe, a la que se sometió para su desmovilización.
En marzo del año pasado, un juez de ese tribunal, creado para juzgar a los paramilitares que se desmovilizaron en 2006, le concedió ese beneficio con el fin de lograr su repatriación.
La Fiscalía "no se opone"
Este lunes, la jueza decidirá si se la concede o no. En la sesión del viernes, la Fiscalía General aseguró que "no se opone a la libertad" condicional, porque ya Mancuso ha cumplido con los ocho años de prisión establecidos por ley.
También los representantes de las víctimas estuvieron de acuerdo, siempre que siga respondiendo ante la Justicia y se avance en la reparación económica con los bienes que le incautaron al exjefe paramilitar.
Considerado como uno de los señores de la guerra más poderosos de los años 90 y principios del siglo XXI, Mancuso ha desatado un gran revuelo con su regreso a Colombia y ha avivado las heridas de las víctimas de sus crímenes, que ven su retorno como una oportunidad para acceder a la justicia, verdad y reparación.
Su disposición a contribuir a la verdad del conflicto armado que desangró al país décadas genera también mucha expectativa, entre otras cosas, porque acusó varias a veces a Uribe de haber tenido vínculos con el paramilitarismo, lo que ha sido negado por el también exgobernador de Antioquia.
"Ayudar a la desmovilización"
El domingo pasado, el partido de Uribe, Centro Democrático, denunció que la vuelta de Mancuso y sus acusaciones es parte de un "alarmante plan" que amenaza los derechos del exmandatario.
El exjefe paramilitar insistió durante la primera parte de la audiencia que tiene el firme compromiso "de ayudar en los diálogos y las negociaciones de desmovilización de los actores que se rearmaron con posterioridad al desarme de las Autodefensas".
Mancuso fue designado 'gestor de paz' por Petro para mediar con el Clan del Golfo, grupo heredero de las AUC con el que el gobierno intentó por ahora, sin éxito, unos diálogos en medio de la búsqueda de la "paz total" que se ha puesto el mandatario como objetivo.
Evitar su asesinato
En Colombia, le esperan también procesamientos abiertos por miles de crímenes ante la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), órgano transicional surgido tras el acuerdo entre el Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno, en 2016.
Ese órgano lo acogió en carácter de 'bisagra' entre los paramilitares y la fuerza pública. Entre los delitos por los que deberá responder se encuentran centenas de homicidios, masacres, desplazamientos y desapariciones forzadas.
La defensa del exjefe paramilitar ha argumentado que su vida podría correr peligro debido a las revelaciones que ha hecho ante distintos órganos de Justicia.
En una carta a Petro, difundida por medios locales, un excomandante de las extintas FARC pidió que el gobierno evitara "que asesinen a Mancuso para que no hable ni cuente las delictivas andanzas de la 'gente de bien'", en referencia a políticos y altos empresarios que tuvieron vínculos con las AUC.