España celebra este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con los ojos puestos en un buen puñado de logros durante los últimos años y con la vista en otros avances que exigen organizaciones de la sociedad civil, como son los relacionados con las trabajadoras del hogar y los cuidados.
En el país hay más de 376.000 personas que trabajan en el sector según el Instituto Nacional de Estadística (INE), otras 100.000 más de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) y se calcula que un 30 % extra estaría trabajando sin contrato.
En total, suponen cerca del 2 % de los más de 21 millones de trabajadores que había en el mes de febrero en España, posibilitando que muchas de esas otras personas puedan mejorar su participación laboral y productividad, descargándoles de tareas del hogar y, sobre todo, de la atención a sus dependientes y sus niños pequeños.
En el caso del sector de cuidados, el 95 % son mujeres, mientras que casi la mitad de ellas son migrantes. Su aportación al crecimiento de la economía y al bienestar de la sociedad es enorme, si bien difícilmente medibles con los indicadores habituales.
Bajos salarios y jornadas maratonianas
Marling Castillo, del grupo de trabajadoras del hogar de SOS Racismo Gipuzkoa, en el País Vasco (norte de España), relata que trabajan mayoritariamente con mujeres de origen latinoamericano y que siguen enfrentándose a muchas irregularidades en el ámbito laboral.
Cuenta que las jornadas laborales se alargan más allá de lo que estipula la ley, principalmente para las empleadas internas, que hacen más de 60 horas semanales sin que se les paguen y reconozcan, mientras se les tiene bajo contratos de 40 horas por el salario mínimo interprofesional (SMI).
Asimismo, Castillo explica que no hay "respeto de las vacaciones en el caso de las trabajadoras en situación irregular, porque para muchos empleadores no tienen ese derecho".
En el sector se ha generalizado la remuneración acorde al SMI. Al no haber patronal, no hay convenio colectivo, por lo que no existe ninguna norma que mejore las condiciones mínimas y todo depende de la negociación individual entre empleador y empleada, dos partes que no están en igualdad de condiciones.
La ley mejora, pero no siempre se aplica
En los últimos tiempos, particularmente en los dos años más recientes, se han producido mejoras sustanciales en las condiciones laborales que contempla la ley para este sector.
Hace menos de un mes, el pasado 28 de febrero, España ratificó el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A pesar de que hace 36 años que la ONU declaró el 30 de marzo como Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, no fue hasta 2011 cuando la OIT aprobó el convenio sobre el trabajo doméstico que decreta los derechos básicos para sus trabajadoras y exige a los Estados la adopción de normas mínimas sobre jornada laboral, remuneración, seguridad, salud y protección social.
Este convenio todavía no ha sido ratificado por la mayoría de los países. En el caso europeo tan solo lo ha hecho un tercio, en el que se incluye España, aunque deberá pasar todavía un año hasta su implementación.
Además, no fue hasta 2012 cuando la legislación española estableció la obligación de afiliar a la Seguridad Social a los empleados del trabajo doméstico, que hasta entonces trabajaban mayoritariamente de manera informal, y hubo que esperar diez años más, hasta la aprobación de una nueva ley en septiembre de 2022, para que se les reconociera el derecho a la prestación por desempleo. Hasta entonces era el único colectivo de empleados del país que no tenía derecho a ese subsidio.
Pero una cosa es la ley y otra su aplicación y en el sector siguen dándose numeras irregularidades laborales.
Dolores Jacinto, integrante de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados de Valencia, reconoce que ha habido avances, pero sostiene que no ha sido mérito ni de sindicatos ni de políticos: "Tuvimos que pelearnos muchísimo, salir a las calles e, inclusive, la compañera Mariana, en Vigo, llegó hasta las instancias europeas", recuerda.
Mariana es la cuidadora que se ha convertido en todo un símbolo. Llevó su exigencia de tener los mismos derechos, en concreto el del subsidio por desempleo, a los tribunales y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea C 389/20 le dio la razón en febrero de 2022. Su lucha está detrás de la ley que se aprobaría en el país apenas siete meses después.
Mujer, migrante, sin apoyos y precaria
En el fondo de una buena parte de este colectivo de trabajadoras subsiste el problema de la discriminación. "Por ser inmigrante y por ser mujer hay abusos, muchos abusos", cuenta Castillo, que recuerda experiencias incluso de "tocamientos" y de derechos vulnerados por parte, sobre todo, de los empleadores varones.
La realidad de las mujeres migrantes que trabajan en el hogar es difícil en todas sus facetas. Al principio muchas de ellas se encuentran en una situación de extrema soledad. Llegan solas, dejando en su país de origen a sus hijos. Allí no eran las responsables, pero una vez que migran se convierten en el soporte y el motor económico de la familia en origen.
Además, tienen deudas que han contraído para poder migrar, así que al llegar lo primero es trabajar y se acepta cualquier tipo de salario y empleo: hay mujeres trabajando siete días a la semana sin horario por menos de la remuneración mínima.
"Trabajé como interna de lunes a lunes, sin ningún derecho, sin ninguna noche libre, por 900 euros"
Ese fue el caso de Azucena Rodríguez, que llegó de Nicaragua hace 14 años. Tuvo que pedir un préstamos para pagar el billete y los gastos de extranjería.
En esa situación, sin la documentación necesaria, comenzó a trabajar como interna cuidando a una persona mayor. "De lunes a lunes, sin ningún derecho, sin ninguna noche libre, por 900 euros", relata sobre aquella primera experiencia.
La falta de convenio hace que tampoco haya normas sobre riesgos laborales y enfermedades profesionales y muchas trabajadoras acaban teniendo secuelas por levantar peso y hacer movimientos repetitivos. Muchas de las que llevan años con esa labor están operadas de la columna y tienen otras patologías relacionadas con su trabajo.
Todavía quedan muchos avances
Desde las asociaciones del sector, que hace un par de décadas empezaron a proliferar por todo el país, se recalca que todavía queda mucho por hacer.
Entre las exigencias destaca la legislación de un incremento salarial por antigüedad, al que de momento no tienen derecho si no está pactado en su contrato. Es el caso de Marina, también de Nicaragua, que lleva trabajando ocho años con la misma familia, con la que está a gusto, y que cobra el SMI: lo mismo que si fuera su primer día de trabajo.
Otra demanda histórica es sobre el finiquito en caso de fallecimiento. Cuando finaliza un contrato tienen derecho a una indemnización de entre 8 y 12 días por año trabajado, algo que no sucede en caso de que perezca la persona a la que cuidaban. En ese caso, aunque tengan una antigüedad de décadas, el contrato se zanja abonando una sola mensualidad.
También se exigen mejoras para las trabajadoras internas, a las que no se les reconoce la pernocta y no está retribuida.
Asimismo, se reclaman inspecciones para impedir los abusos. Castillo sostiene que están constatando, por ejemplo, que las trabajadoras "están siendo despedidas por estar embarazadas, una vez lo anuncian"; que les hacen recuperar las horas para ir al médico o no se las pagan, entre otras extralimitaciones.
Desde el grupo de SOS Racismo Gipuzkoa lo tienen claro: hacen falta derechos igualitarios, más campañas de sensibilización a la población y que el trabajo de hogar no se vea como algo inferior a cualquier otro tipo de trabajo.
"Es una interseccionalidad de ser mujeres, de ser migrantes, y en muchos casos de no tener una situación regular, de la pobreza y de la exclusión de la que vienen. Es revictimizarlas más, y encima explotarlas laboralmente"
Desde la asociación de Valencia se apunta otro aspecto. Distingue entre familias que se pueden permitir disponer de este servicio y otras que necesitan ese cuidado y no tienen los recursos necesarios, para las que cree que deberían existir ayudas para poder contratar a alguien legalmente y en condiciones dignas.
¿Quién cuida a las que cuidan?
Jacinto pone el foco en la falta de red de apoyo: "La conciliación familiar es otra vez solamente para unos o unas", dice sobre un colectivo en el que muchas de las compañeras tienen a sus hijos en su país de origen y no los pueden traer por esa falta de apoyo para que les cuiden. Ella misma lo sufre. Fue madre el año pasado y, junto a su pareja, solo cuenta con algunos amigos que le echan una mano.
"Es una interseccionalidad de ser mujeres, de ser migrantes, y en muchos casos de no tener una situación regular, de la pobreza y de la exclusión de la que vienen. Es revictimizarlas más, y encima explotarlas laboralmente", resume.
En el fondo de la problemática se encuentra la ley de extranjería. Tienen que esperar tres años para regularizar su situación. Sin documentación, no hay contrato, sin contrato no se puede alquilar una vivienda, si ella no hay empadronamiento, y sin él no hay derecho a sanidad pública. Una pescadilla que se muerde la cola y de la que se aprovechan desde empleadores hasta un nuevo mercado negro de empadronamiento que ha surgido en los últimos años.
Así surge el asociacionismo
El asociacionismo en este ámbito parecía una utopía, en un sector en el que no se tienen compañeros en el lugar de trabajo y compuesto en su mayoría por mujeres sin una red social. Sin embargo, nació por la necesidad de hacer valer los derechos de las mujeres trabajadoras de hogar de origen migrante.
Dolores Jacinto relata cómo después de vivir en Madrid durante 6 años como interna se mudó a Valencia y conoció a otras compañeras que tenían la misma inquietud de hablar por ellas mismas. "¿Quién mejor que nosotras para contar lo que se vive día a día y para pedir los cambios que necesita el sector?", reflexiona.
Jacinto y sus compañeras se organizaron para fundar su organización. Lo que ha vivido desde que llegó a España desde México le hace pensar: "En este tiempo no sé si hemos avanzado o hemos retrocedido en cuanto a condiciones", dice.
Recuerda que entonces tenían ciertos privilegios a la hora de negociar sus contratos. "Lo que estoy viendo a día de hoy son compañeras que ellas mismas tienen que pagar la seguridad social de sus contratos. No es legal, se hace una trampa, el dinero sale de la cuenta del empleador y ellas posteriormente lo reintegran. Las compañeras lo hacen porque no quieren caer en una ilegalidad sobrevenida", expone.
"¿Quién mejor que nosotras para contar lo que se vive día a día y para pedir los cambios que necesita el sector?"
Todavía en este 2024 hay trabajadoras que le cuentan que para modificar las condiciones de su empleo les han hecho un nuevo contrato, perdiendo toda antigüedad. Otra ilegalidad.
También tiene compañeras que "trabajan en régimen de pernocta, libran un solo día al mes y si necesitan permiso para ir al médico o para ausentarse pagan a otras compañeras para que le cubran esas horas o el empleador se las descuenta".
Jacinto dice que detrás de todo esto hay empleadores que creen que les hacen un favor por emplearlas a pesar de estar de forma irregular todavía en el país. "Creo que el favor se lo están haciendo a ellos, porque no pagan lo que corresponde por ley y lo que deberían de pagar a la seguridad social".
Para ella, estas prácticas "son muy comunes, sistemáticas, recurrentes", porque se juega "con la vulneración de estas mujeres, de no saber las leyes de aquí, muchas veces recién llegadas, con necesidades urgentes, y se aprovechan de ellas".
Cambio de vida
El camino de muchas mujeres migrantes hasta llegar al trabajo del hogar y cuidados supone una quiebra de su carreras profesionales. Eso le pasó a Rodríguez. Tras llegar a España estuvo siete años de interna, los tres primeros irregular. Cuando decidió traer a su hijo decidió no trabajar más de interna para poder atenderlo.
En su país natal se había licenciado en psicología y trabajó para ONG y para el Gobierno. Pero las cosas se pusieron difíciles allá y decidió migrar. Aunque consiguió homologar su título, no pudo ejercer porque reside en el País Vasco y le piden que hable euskera.
Su situación es la de muchas otras mujeres profesionales que dejaron su carrera atrás y no han podido retomarla por diversas cuestiones. "Nos han encasillado: extrajera, mujer, latina, pues empleada del hogar", dice.
Ahora estudia auxiliar de enfermería, quiere seguir formándose y se siente adaptada, pero siempre sigue teniendo en mente el deseo de regresar a su país.
"Es un trabajo que no está visibilizado ni valorado como tiene que ser. Se nos pide y exige mucho sin nada a cambio, creen que somos un objeto", reflexiona sobre un sector en el que lleva más de una década.