El Gobierno de Javier Milei convocó este viernes a un comité de crisis para atender la ola de violencia armada registrada esta semana en la ciudad portuaria de Rosario, en la provincia de Santa Fe, al Centro-Este de Argentina.
Según la resolución gubernamental, la medida se produce debido a los "hechos delictivos de extrema gravedad" registrados "en los últimos días" en Rosario, que han generado en esa urbe "una situación de conmoción social".
Esta crisis "hace necesario el urgente esfuerzo coordinado del Estado nacional y de la Provincia de Santa Fe, en orden a restablecer la seguridad interior", añade el decreto del Ejecutivo, en el que también se indica que las autoridades solicitaron el apoyo de las Fuerzas Armadas para realizar los operativos en Rosario.
El comité, que tiene previsto funcionar hasta el 9 de julio pero pudiera prorrogar su actividad según el desarrollo de los eventos, está integrado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y las fuerzas de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.
A través de esta instancia, Bullrich y Pullaro podrán ordenar "la iniciación, suspensión y conclusión de la aplicación de la fuerza", así como "la graduación de su intensidad" y el llamado a otros funcionarios y organismos del Estado.
Según medios locales, la medida gubernamental responde a una petición que hizo el gobernador Pullaro el jueves a través de una misiva enviada a la cartera de Seguridad; esto después de los asesinatos cometidos contra los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, el martes y miércoles de esta semana.
Los dos crímenes, que mostraron características similares y fueron cometidos con una arma 9 mm, se suman a otro episodio violento que se produjo el jueves por la tarde, cuando fue baleado un chofer de trolebús, hecho que las autoridades vinculan a las mafias del narco.
Estos hechos se dieron luego de que el gobierno de Santa Fe difundiera imágenes de una requisa, al estilo del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, contra reos de la prisión de Piñero, donde están encarcelados varios delincuentes vinculados al narcotráfico.
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