La ciudad argentina de Rosario, ubicada en la provincia de Santa Fe, enfrenta un inédito estado de conmoción, con las calles vacías, sin clases, sin transporte público, sin tráfico, sin recolección de basura y con la ciudadanía sumida en el terror de ser víctima de la violencia narco.
El miedo no es en vano. En la última semana, las bandas criminales ejecutaron a cuatro ciudadanos al azar, como una manera de chantajear al gobernador provincial Maximiliano Pullaro.
Las víctimas fueron los taxistas Héctor Raúl Figueroa (de 43 años) y Diego Alejando Celentano (33); el chofer de autobús Marcos Daloia (39) y el empleado de una estación de servicio Bruno Bussanich (25).
El mensaje de los narcos es que pueden matar a cualquiera. Y que lo van a seguir haciendo si Pullaro sigue imitando al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con los teatrales operativos en las cárceles donde se muestran a los presos semidesnudos, apilados, maniatados.
La ola de ejecuciones volvió a poner el foco en Rosario, la ciudad más violenta de Argentina que hace una década comenzó a padecer el crecimiento del poder narco, gracias a complicidades policiales, económicas y políticas, y sin que ningún Gobierno local resolviera las graves desigualdades sociales que también suelen ser terreno fértil para las bandas.
"Por primera vez se percibe que el blanco somos todos. El dolor y el miedo caminan por la calle con nosotros", resumió la periodista Silvina Tamous en un editorial del diario rosarino El Ciudadano, en el que explicó los temores de una ciudad paralizada.
Respuesta
"Rosario sangra", fue el lema de una convocatoria que, entre gritos y cacerolas, se realizó a las apuradas porque los manifestantes querían regresar a sus casas, a sabiendas de que las ejecuciones como modo de venganza contra las autoridades no han terminado.
Tienen razón. El domingo por la noche, sicarios balearon un complejo penitenciario y dejaron un mensaje contra dos presas acusadas de vínculos narco y asociación ilícita.
En respuesta, el Gobierno del presidente Javier Milei decidió enviar un contingente de fuerzas federales a Rosario para ayudar a la Policía provincial a enfrentar el clima de inseguridad que recorre la ciudad.
Las ejecuciones afectaron políticamente al mandatario, quien el pasado 1 de marzo, en su mensaje ante el Congreso, había presumido una drástica reducción de los homicidios en Rosario. En pocos días, la realidad lo contradijo.
Por eso endureció su discurso. "Son ellos o nosotros", advirtió al amenazar a los "narcoterroristas" con quienes no negociará. "No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario", aseguró.
Este lunes, el presidente descartó la posibilidad de decretar un estadio de sitio en Rosario, lo que permitiría el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior como es el combate al narcotráfico.
"Estamos redoblando, hay 450 efectivos más, el Ejército dando apoyo logístico, reasignacion de fuerzas de Seguridad, creo que con esto lo podemos resolver, estamos en condiciones de salir triunfantes de esta situación", dijo.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajó este lunes a Rosario, en donde conformará junto con el gobernador un comité de crisis que permitirá el ingreso de fuerzas federales y militares que se sumarán a los patrullajes en las calles y a tareas de inteligencia.
Antes de partir, la funcionaria anticipó que les imputarán a los narcos actos terroristas para poder incrementar las penas y anunció una exitosa requisa de celulares en las prisiones.