Organizaciones sociales, políticas y sindicales de Ecuador concretaron el miércoles la conformación del 'Frente Nacional por el No a la Consulta Popular'.
Con ello, estas organizaciones promoverán el voto por el "no" en el referéndum y consulta popular impulsado por el presidente del país suramericano, Daniel Noboa, que se realizará el próximo 21 de abril.
El frente, de momento, está conformado por el indigenista Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, el Partido Comunista del Ecuador (PCE), el Movimiento Guevarista, Unidad Popular, la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Comité Popular 15 de Noviembre, el colectivo Yasunidos y la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia.
"Ratificamos el hecho de que es una consulta innecesaria, inoficiosa y que no va a resolver los problemas y necesidades del pueblo ecuatoriano, como salud, educación y empleo", dijo José Villavicencio, presidente de la UGTE y también titular del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) —que agrupa a otras organizaciones sindicales—, en el encuentro y rueda de prensa realizada el miércoles.
El 21 de abril, los ecuatorianos deberán responder "sí" o "no" a 11 preguntas: cinco de referéndum, que plantean reformas a la Constitución, y seis de consulta popular.
"Las seis preguntas de consulta popular únicamente lo que se requiere es reformas al Código (Orgánico) Integral Penal, que ya lo estaba tratando la Asamblea y está suspendido ese tratamiento, obviamente porque el presidente les dijo que eso quitaría puesto a la consulta popular", añadió Villavicencio.
Las seis interrogantes incluidas en la consulta popular están relacionadas a temas de seguridad, como control de armas por parte de las Fuerzas Armadas en vías hacia cárceles, incrementar las penas y su cumplimiento total en prisión en varios delitos, que el Estado proceda a ser el propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, entre otras.
Entretanto, las cinco preguntas de referéndum, que conllevarían modificaciones a la carta magna, incluyen temas como el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, permitir la extradición de ecuatorianos, la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional, que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional para solucionar controversias en materia de inversión y modificaciones al contrato de trabajo a plazo fijo y por horas.
"En el fondo, el Gobierno lo que busca es romper el candado constitucional del artículo 327 de la Constitución. Ahí se prohíbe el trabajo por horas, la precarización, la intermediación y la tercerización laboral", enfatizó el titular de la UGTE.
"Impulsaremos al 'no' en las preguntas del arbitraje y el trabajo por horas [...] Estamos por la seguridad, la soberanía y el empleo digno", agregó Andrés Quishpe, presidente de la UNE Nacional.
El coordinador del movimiento Pachakutik, Guillermo Churuchumbi, se refirió a la crisis que atraviesa el país e insistió en que el proceso consultivo no resuelve problemas graves. "Lastimosamente, existen 4 de cada 10 jóvenes en el desempleo o cerca de 6 millones de ecuatorianos viviendo con 3 dólares o cerca de 2 millones de ecuatorianos viviendo con 1 dólar diario [...] Pero, por otro lado también cómo es que se les perdona cerca de 4.200 millones de dólares a las grandes empresas", expresó.
Una vez más a las urnas
Este proceso se trata de la vuelta de los ecuatorianos a las urnas tras apenas seis meses de la última votación, a ocho meses de haber participado en dos consultas populares y 14 meses después de haber sido sometidos a otro referéndum.
En 2023, los ciudadanos acudieron en tres oportunidades a elecciones. Primero el 5 de febrero a comicios regionales, cuando eligieron a prefectos, alcaldes, concejales, entre otras dignidades.
Además, ese mismo día participaron en un referéndum constitucional promovido por el entonces presidente, Guillermo Lasso, en el que el mandatario sufrió una derrota, cuando la opción del 'no' se impuso en las ocho preguntas que se hicieron a la ciudadanía sobre la extradición de ecuatorianos, la autonomía de la Fiscalía, la reducción del número de asambleístas, entre otras cuestiones.
Los ecuatorianos volvieron a votar el 20 de agosto y el 15 de octubre, cuando se realizaron la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas adelantadas, que se convocaron para elegir autoridades transitorias, luego de que Lasso decretara muerte cruzada y disolviera al Parlamento.
En la primera vuelta de las presidenciales, el 20 de agosto, también se realizaron dos consultas populares, en las que la ciudadanía se pronunció a favor de prohibir la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní y la minería en el Chocó Andino.
El costo
De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), para este referéndum y consulta popular están habilitados para votar 13.654.291 electores, de los cuales 13.225.126 lo harían en el país y 429.165 en el exterior.
El costo de este plebiscito alcanza los 60.022.933 dólares, de acuerdo con el presupuesto aprobado por el CNE en febrero pasado.
Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!