El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ofreció este martes detalles adicionales sobre un nuevo intento de magnicidio contra el presidente, Nicolás Maduro, planificado por sectores extremistas de la oposición para ser ejecutado en la ciudad de Maturín, estado Monagas, al oriente del país.
En declaraciones a la prensa desde la sede del Ministerio Público en Caracas, Saab recordó que la semana pasada fue detenido por este caso el ciudadano Whillfer José Piña Azuaje, tras publicar en sus redes sociales amenazas de muerte contra el jefe de Estado.
Luego de su captura, detalló el fiscal, las autoridades le encontraron una conversación telefónica "incriminatoria" con otro sujeto identificado como Renzo Estibenz Flores, quien también fue detenido por la fuerza pública y afirmó en su testimonio que Piña lo trató de captar para el magnicidio que pretendía ejecutar con excompañeros de la Academia Militar venezolana.
El plan, según explicó Saab, consistía en reclutar a 50 militares desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para que tomarán una tanqueta y robaran el parque de armas de un recinto militar, e iniciar un golpe de Estado que incluiría el asesinato "a plomo limpio" de Maduro y otros altos representantes del chavismo.
"Las investigaciones determinaron que el recinto militar que se pretendía tomar es el Fuerte Paramaconi. Recordemos que en épocas pasadas dicho fuerte ha sido ya objetivo de militares y civiles que se colocan al margen de la ley", detalló el fiscal. Además, dio a conocer conversaciones digitales que mantenían los involucrados, que realizaron trabajos de inteligencia en ese espacio castrense durante al menos dos años desde locales comerciales cercanos.
Saab precisó que tanto Piña como Flores se encuentran privados de libertad y fueron imputados ante la justicia por los presuntos delitos de conspiración, asociación para delinquir y homicidio intencional calificado en grado de tentativa contra el Presidente de la República, Nicolás Maduro.
Un exalcalde involucrado
A partir de las averiguaciones y la revisión de las comunicaciones digitales que tenían en sus teléfonos los capturados, las autoridades corroboraron que en los mensajes relativos al plan contra Maduro aparece involucrado el exalcalde del municipio Maturín Warner Jiménez, quien es parte del partido ultraderechista Voluntad Popular, al que pertenecen personajes como Juan Guaidó y Leopoldo López, ambos prófugos de la justicia venezolana.
Saab indicó que al igual que López y Guaidó, entre otros miembros del extremismo venezolano, Jiménez también está prófugo de las autoridades de su país, tras verse imputado en dos causas: una por corrupción y otra por legitimación de capitales. Este sujeto, añadió el fiscal, se encontraría residenciado en la actualidad en Miami, EE.UU.
Entre tanto, como parte de las investigaciones, las autoridades han realizado 17 allanamientos a personas que mantenían contactos continuos "de naturaleza conspirativa" con Piña, para así determinar si participaron o no en la conspiración descubierta.
El fiscal detalló que entre los datos encontrados descubrieron un grupo de WhatsApp que tenía 47 integrantes, y en cuyos archivos de chat aparecen "documentos contentivos de amenazas de muerte" contra Maduro.
Además, se planeaban ataques contra empresas estatales de servicio público, como por ejemplo la Represa del Guri, donde se genera la mayor parte de la electricidad que se distribuye en el país. Para esos fines recababan "información de locales comerciales para captar personas" que se encargarían de cometer "las acciones más demenciales".
"Sin lugar a dudas, se trata de un grupo de personas que algunos creerán que están desahuciadas, pero captan a otros así, a quienes no les importa iniciar una escalada criminal", expresó Saab. E hizo un llamado de atención a políticos, medios y personas que "banalizan" estas situaciones, pero que las magnifican cuando suceden en Europa, Canadá o EE.UU.
El funcionario añadió que aunque estas personas no iban a poder lograr sus objetivos sediciosos, lo que realmente les importaba era "causar daño de manera criminal", así como crear "zozobra y malestar". "Por eso el Estado y la Justicia tienen que actuar", dijo.