El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este miércoles la aprehensión de otras dos personas presuntamente involucradas en planes desestabilizadores para apuntalar la candidatura presidencial de la dirigente opositora María Corina Machado, sobre quien pesa una inhabilitación de 15 años para el ejercicio de cargos públicos.
Se trata de los dirigentes Dignora Hernández y Henry Alviarez, quienes habrían elaborado un plan para desarrollar un conjunto de pretendidas manifestaciones de reclamo con epicentro en el estado Barinas (occidente, hoy gobernado por la oposición), que se articularían con el regreso a Venezuela de militares residentes fuera del país, en quienes se delegaría la toma de instalaciones militares, según detalló en confesión otro detenido, Emil Brandt Ulloa.
"El 6 de diciembre de 2023 fuimos invitados a la ciudad de Caracas por Magalli Meda y Henry Alviarez a la Comisión Nacional de Conflicto. Allí se nos explicó sobre un plan escalonado –coordinado por Hernández–, de no producirse la habilitación de María Corina Machado: se comenzaría con una protesta de calle el Día del Maestro, el día 15 [de enero]. De no producirse la habilitación de María Corina [Machado], se iría a la marcha del Día de la Democracia, el día 23 de enero; así hasta llegar al día 12 de febrero, el Día de la Juventud. Todo esto con el único plan de que María Corina [Machado] fuese habilitada".
Brandt aseguró que a la movilización pautada para el 12 de febrero debían sumarse "los estudiantes" y los comandos de campaña de Machado en todo el territorio nacional, "todo esto para aumentar los disturbios y las acciones de calle (…)", para "generar violencia" y asegurar una respuesta represiva del Estado que luego pudiera ser instrumentalizada en dos direcciones: de un lado, expandir la protesta a otras entidades; de otro, generar una matriz de opinión favorable a las denuncias de violaciones de los derechos humanos.
El papel de los militares
En su decir, Alviarez viajó a Barinas a finales de diciembre para reunirse con el general retirado Oswaldo Bracho, quien le habría indicado "que los militares en el exilio (…) ya estaban siendo controlados y contactados" por los también dirigentes ultraderechistas Julio Borges y Antonio Ledezma.
"De no surgir efecto las acciones de calle propuestas por Magalli Meda, Henry Alviarez y Oswaldo Bracho, en conjunto con Antonio Ledezma y Julio Borges, iniciarían la segunda etapa de este plan, que es la entrada de militares en el exilio, que entrarían de Cúcuta (Colombia) a Táchira (Venezuela), para lo que tiene que ver con la toma de bases militares", relató, al tiempo que apuntó que en paralelo se coordinaría una campaña mediática a gran escala para conseguir que la así llamada "comunidad internacional" presionara por la habilitación de Machado.
De acuerdo con su declaración, el plan no pretendía construir alternativas políticas sino emplear la "Gran Alianza Territorial" –nombre del plan coordinado por Hernández– como mampara de supuestas protestas ciudadanas, cuya apuesta era "incentivar a un ala militar que desemboque en la afectación de las empresas energéticas y lograr poner contra las cuerdas y en jaque al Gobierno".
El Titular del Ministerio Público venezolano indicó que tras esta delación, se emitieron nueve órdenes de aprehensión, de las cuales solo se han ejecutado las de Hernández y Alviarez, por lo que quedaría pendiente la captura de Oswaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González Moreno, Humberto Villalobos, Claudia Mazzeo, Fernando Martínez Móttola, Magalli Meda, "en razón de lo anteriormente declarado (…), obtenido a través de tan graves confesiones".