Las leyes que busca Milei para sancionar piquetes y ampliar poder militar

El Gobierno de Javier Milei en Argentina busca reformar la Ley de Seguridad Interior del país, para permitir que los militares puedan actuar e intervenir en labores que realizan los efectivos policiales, como patrullajes y detenciones.

La propuesta forma parte de una serie de proyectos de ley que su Gobierno enviará al Congreso, como parte de su política de lucha contra el narcotráfico en medio de la crisis de violencia armada registrada en Rosario, provincia de Santa Fe, que según la administración de Milei, estaría vinculada a organizaciones narcocriminales.

"El presidente de la nación nos ha dado expresas instrucciones de actuar con todo el poder del Estado, apoyando las acciones que se están desempeñando y desplegando en Rosario", dijo a la prensa el ministro de Defensa, Luis Petri, en compañía de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desde Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino en Buenos Aires.

"Estamos modificando la Ley de Seguridad Interior para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y puedan realizar operaciones de seguridad interior que permitan devolverle la tranquilidad y la paz a los rosarinos", aseguró Petri, quien comunicó que la propuesta se da porque, a su parecer, los militares no están habilitados actualmente para actuar de forma inmediata en situaciones de seguridad ciudadana.

En tal sentido, Petri dijo que con la reforma a la normativa vigente, que actualmente plantea en su artículo 27 "una mínima intervención de la Fuerza Armada" en caso de requerimiento de un Comité de Crisis; y "una máxima intervención" en su artículo 31 para el restablecimiento de la seguridad interior y en casos excepcionales, se busca establecer la inmediata actuación de los uniformados por orden del Ejecutivo.

En casos de "terrorismo"

Petri también comunicó que la reforma a la ley busca que la actuación de la Fuerza Armada sea inmediata, cuando el Ejecutivo considere que una situación de seguridad interna esté relacionada al terrorismo u obedezca a un acto terrorista, que según el Código Penal argentino, dijo, se define "como todas aquellas acciones y delitos que están destinados a aterrorizar a la población".

"Esa calificación va a depender del Comité de Crisis que prevé la Ley de Seguridad Interior, pero además va a requerir la concurrencia y la voluntad expresa del gobernador de la provincia en donde se requiera y se reclame la participación de las Fuerzas Armadas", explicó el titular de Defensa.

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Petri agregó que una vez sea declarado un hecho como terrorismo, como acciones que "pongan en peligro los intereses vitales de la patria" y atenten contra "el derecho a la vida, a la seguridad, a la soberanía, a la autodeterminación y a la libertad de los argentinos", inmediatamente "las Fuerzas Armadas van a quedar habilitadas" para actuar.

El ministro detalló que entre las tareas que podrán ejecutar los militares, si logran conseguir la reforma, están las operaciones de seguridad interior como patrullajes, control de personas, vehículos e instalaciones, así como también la detención de personas cuando cometan delitos en flagrancia.

Ley Antimafias

Por su parte, la ministra Bullrich anunció que también presentarán al Congreso la propuesta de Ley Antimafias, que dijo está "inspirada" en el Código Antimafia italiano, en la Ley Rico de EE.UU., y en la utilizada en El Salvador por el Gobierno de Nayib Bukele para combatir a los pandilleros de las maras.

La ministra explicó que esta ley permitirá judicializar a las personas no solo por sus crímenes individuales sino por los realizados en colectivo. "El hecho individual no es lo que determina la pena, sino aquellos que participan de una determinada organización" y son parte de una serie de delitos encadenados para cumplir con el objetivo de la red criminal.

Entre los delitos que estarán clasificados en esa ley están los relacionados al narcotráfico, homicidio, sicariato, lesiones, extorsiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, coacción, trata de personas, intimidación pública, terrorismo, tenencia ilegal de armas y explosivos, incendios o estragos hechos con el objetivo de lograr una destrucción de viviendas o lugares para luego apropiárselos.

Con esta norma, dijo, se busca atacar todas aquellas bandas criminales que mantienen en vilo una zona determinada del país, "donde ya no rige la ley" sino que impera el poder del narco o de organizaciones delictivas, que han provocado la crisis de seguridad en el país.

Aumento de penas a manifestantes 

El Gobierno de Milei también aspira cambiar las leyes de legítima defensa y atentado a la autoridad; la de ADN para delitos; la estipulada contra organizaciones criminales; y aumentar las penas contra manifestantes organizadores de piquetes y bloqueos, propuesta que ya había sido incluida en la Ley Bases, también conocida como 'ómnibus' que propuso el mandatario y que fue rechazada por el parlamento recientemente.

En ese sentido, la funcionaria informó que buscarán penalizar a las personas que atenten contra agentes de seguridad. "Hoy le pegan al policía, le tiran una piedra y es como si nada. Esto se termina. Vamos a plantear penas contra aquellos que atenten contra la autoridad", expresó.

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Otro "tema fundamental", señaló, es que piensan cambiar lo relacionado a las acciones que emprenden personas condenadas contra el Estado.

"Vamos a plantear es el tema de la querella contra el Estado, de los delincuentes que comieron un delito y que después, si el agresor muere, la familia va contra el Estado nacional. No podemos convertir a los victimarios en víctimas", indicó la ministra.

Bullrich también dijo que entre los cambios planteados se busca otorgar asistencia legal a efectivos de seguridad que tienen procesos penales abiertos como consecuencia del ejercicio de sus funciones.

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