El Senado colombiano hunde la reforma de salud de Petro

Con nueve votos a favor y cinco en contra, la Comisión Séptima del Senado de Colombia archivó la reforma de salud impulsada por el presidente Gustavo Petro, cuyo objetivo principal es democratizar el acceso a la salud, hoy gestionado por Empresas Promotoras de Salud (EPS) pertenecientes al sector privado.

La Comisión Séptima, controlada por la oposición, convocó a una sesión para adelantar la votación en la que se negaron nueve impedimentos por conflicto de intereses introducidos por los legisladores de la coalición gobernante, Pacto Histórico, refiere RCN Radio.

De esas intervenciones destacó la del senador oficialista Wilson Arias, quien llamó a aprobar los impedimentos, al denunciar que los partidos a los que están adscritos los congresistas que hacen parte de la Comisión recibieron financiamientos de empresas ligadas al ramo sanitario como Keralty, propietaria de Sanitas, intervenida la víspera por el Ejecutivo.

Entre otros argumentos, Arias también aseguró que la constructora brasileña Odebrecht había financiado a parlamentarios y si bien "no era una EPS", se trata de una práctica ilegal que llevó a la cárcel a un excandidato. "Las EPS tienen una norma especial y la ley dice que no está permitida esa financiación", recalcó.

¿Qué opciones quedan?

Al hundirse en el Senado, la reforma de no podrá ser presentada nuevamente en el Congreso en lo que resta de período legislativo -vence en 2026–, lo que formalmente cerraría el camino para Petro, quien, no obstante, ha advertido que "el Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma de la salud" porque "el sistema actual no es sostenible".

Sin embargo, el mandatario adelanto que, en el caso de que pueda concretarse una Asamblea Nacional Constituyente, el derecho a la salud, junto a los de educación, pensiones universales y acceso al agua potable, estaría contemplado como una garantía inalienable en el texto resultante.

Asimismo, a propósito de Sanitas y otras EPS intervenidas recientemente en razón de su insolvencia financiera, adelantó algunas de las medidas que guiarán la gestión del Estado en materia de salud, con independencia del destino de la reforma, que incluyen el derecho del paciente a "elegir a su médico libremente", sin menoscabo de que la institución prestadora de salud (IPS) lo haga de manera complementaria. 

Del mismo modo invitó "a alcaldes y gobernadores a construir las redes regionales de clínicas, consultorios y hospitales con el Ministerio de Salud", sin exclusión de ninguna IPS, que tendrán, a su vez, "un sistema de anticipo de pagos de acuerdo al grado de estabilidad laboral de sus trabajadores".

"No habrá despidos masivos de trabajadores de las EPS intervenidas. Todos los pacientes continuan con sus tratamientos y la atención continua sin problemas" y "todas las EPS que cumplan los requisitos para mantenerse como aseguradores continuarán como hasta el día de hoy", completó.

Petro explicó que en este caso, "el Gobierno asume su función constitucional de reordenador del sistema de salud", al evitar "una quiebra generalizada y la liquidación abrupta en el sistema de salud propiciada por la actitud de algunos congresistas que recibieron pagos de una EPS en sus campañas, precisamente de la que peor balance tiene en sus estados financieros.

Petro propone una Asamblea Constituyente: ¿bajo qué condición?

Los cambios de la reforma

Con la reforma sanitaria, el Gobierno de Petro busca modificar estructuralmente el sistema de salud que rige en el país suramericano desde hace casi tres décadas, al aumentar el control del Estado sobre el manejo de los fondos y la prestación de atención sanitaria, en desmedro de los particulares.

La propuesta contempla que las EPS pierdan la posibilidad de administrar fondos públicos y quedarán limitadas a ofrecer servicios sanitarios, a lo que se suma la ampliación del sistema público hasta hacerlo universal en todo el territorio colombiano, con particular énfasis en las zonas remotas, donde la oferta es precaria.

Entre los alegatos que se ofrecieron para rechazar la iniciativa es la desconfianza acerca de la capacidad del Estado para asumir los costes y desafíos de la gestión sanitaria, como ya ocurrió décadas atrás cuando existía el seguro social. Entonces eran habituales las dificultades tanto en los suministros de insumos básicos como en las finanzas y la operatividad, lo que en la práctica tampoco garantizaba una cobertura universal.

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