A los siete conflictos armados internos que registraba Colombia en 2022 ahora se suma uno nuevo: el que enfrenta a las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo con el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las extintas FARC.
Esta es una de las duras advertencias del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que el miércoles presentó su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en Colombia, bajo la premisa de que "el panorama de violencia es preocupante", en palabras del jefe de la delegación de la ONG en el país latinoamericano, Lorenzo Caraffi.
Su equipo ha sido testigo sobre el terreno de "la zozobra y el temor" que dejan los conflictos armados en las comunidades, y apuesta por los esfuerzos para encontrar soluciones negociadas, sin descuidar las preocupaciones humanitarias para reducir el sufrimiento de la sociedad civil.
Caraffi apunta a una preocupación especial por los desplazamientos, que si bien disminuyeron a nivel nacional, experimentaron un aumento exponencial en algunas regiones.
Asimismo también remarca que "los hechos violentos contra la asistencia de salud impidieron que las poblaciones tuvieran el acceso a los cuidados que necesitaban", y que aún se hace frente a las consecuencias de la presencia de minas en el territorio de distintas comunidades.
En total, en 2023 se registraron 444 presuntas violaciones del Derecho Internacional Humanitario, con situaciones que se agravaron en departamentos como Bolívar, Cauca, Nariño y Putumayo.
Los datos del Balance Humanitario 2024 del CICR dejan cifran enormemente preocupantes. Nariño, en la frontera con Ecuador, encabeza el número de desplazamientos masivos y el de afectados por minas antipersonales: 91 víctimas del total de 380 registradas en todo el país.
En el departamento de Chocó, alrededor de 47.000 personas sufrieron confinamientos, casi el 20 % más que un año antes y el 44 % de los producidos en todo el Estado.
El informe también alerta de 511 ataques violentos a los equipos de asistencia de salud en todo el país, que se concretaron en nueve personas muertas. Estas agresiones se dirigen contra auxiliares, enfermeros, psicólogos, odontólogos, médicos, conductores de ambulancias y equipos de salud pública.