La Organización de Naciones Unidas (ONU) recibió una denuncia por el desmantelamiento de una unidad del Ministerio de Defensa de Argentina que investigaba los crímenes perpetrados por represores durante la dictadura militar (1976-1983), según informa la prensa local.
El recurso lo presentó la diputada Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, contra el ministro de Defensa, Luis Petri, quien ordenó cerrar la dependencia.
La legisladora solicitó al relator especial de la ONU, Fabián Salvioli, su intervención. Los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) de los archivos de las Fuerzas Armadas se crearon en 2010, y se llevaron a cabo más de 170 informes por crímenes de lesa humanidad en los últimos 14 años.
El director nacional de Derechos Humanos, Lucas Erbes, comunicó a finales de marzo el despido de 10 trabajadores del área. "Al vaciar de técnicos y técnicas a los equipos, se les obstruye la capacidad de trabajo [...] y entorpece el acceso a los documentos y archivos que integran el acervo documental del Ministerio con las mismas consecuencias", explicó Montenegro.
Asimismo, alertó de que estas medidas tienen un impacto "en el derecho de las víctimas directas, de sus familias y de la sociedad en general a conocer la verdad sobre lo que sucedió, en el derecho a la investigación, juzgamiento y adecuada sanción de los responsables y en lo que hace a la construcción de la memoria colectiva, esencial para la prevención de la repetición de los delitos de lesa humanidad".
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