El empeño del gobierno izquierdista de Luiz Inácio Lula da Silva por dignificar la vida de los indígenas brasileños se ha visto reforzado estos días con una serie de gestos y alentadoras medidas.
El último gran ejemplo ocurrió el fin de semana pasado, cuando la presidenta de la Comisión de Amnistía del Ministerio de Derechos Humanos, Enéa de Stutz, se arrodilló en una ceremonia y pidió perdón en nombre del Estado por todo el sufrimiento causado durante la dictadura militar (1964-1985) a los indígenas krenak en Minas Gerais (sudeste), y a los guaraní kaiowá, en Mato Grosso do Sul (centro-oeste).
Ambos pueblos, que habían reclamado un pedido de perdón a ese organismo, fueron perseguidos, torturados y obligados a abandonar sus tierras durante esos años de plomo, en que los gobiernos militares promovieron la ocupación de la Amazonía para no entregarla a supuestos planes de invasión de potencias extranjeras.
El gesto tuvo un enorme simbolismo para los indígenas, especialmente, después del desdén con el que los trató el anterior gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), un nostálgico de la dictadura entregado por completo al deseo del poderoso sector del agronegocio por avanzar más tierras en los estados amazónicos, donde viven la mayoría de los 266 pueblos indígenas de Brasil, considerados los mejores guardianes de la selva.
Nuevos vientos
Otra muestra de los nuevos vientos que corren fue el ingreso en la Academia Brasileña de las Letras del primer autor indígena en sus 125 años de existencia: el filósofo, escritor y ambientalista de 71 años Ailton Krenak, miembro de uno de los pueblos a los que el Estado pidió perdón.
"La academia es de lengua portuguesa, así que admitirme es admitir más o menos 200 lenguas diferentes", declaró a Agencia Brasil.
Nada más llegar al poder para su tercer mandato, el 1 de enero de 2023, Lula cumplió su promesa de crear un inédito ministerio, el de los Pueblos Indígenas, al frente del cual nombró a Sonia Guajajara, una indígena del nordestino estado de Maranhao y reconocida por su activismo ambiental.
Poco después, el presidente decretó el estado de emergencia sanitaria en la Tierra Indígena Yanomami, la mayor reserva de Brasil (de un tamaño mayor al de Portugal), severamente azotada por la desnutrición, la malaria y otras enfermedades entre sus más de 27.000 habitantes debido a la presencia de buscadores de oro ilegales, que dejan los ríos contaminados por el uso de mercurio para su labor y ejercen una violencia brutal contra los pueblos originarios.
Lula lanzó una megaoperación, con militares y miembros de la Policía Federal, que logró desalojar a buena parte de los miles de los llamados 'garimpeiros'. Pero con el paso de los meses muchos de ellos volvieron, y el mandatario ordenó dos nuevas fases del operativo en 2024, la segunda de las cuales quedó desplegada este mes, con el envío de 800 militares con "medios terrestres, fluviales y aéreos" para tratar de volverlos a expulsar. Según el Ministerio de los Pueblos Indígenas, hay cerca de 7.000 mineros en la zona, un 65 % menos que hace un año, cuando rondaban los 20.000.
Nuevas demarcaciones
Los indígenas suman cerca de 1,7 millones de personas en este país, menos del 1 % de la población, pero tienen un notable poder político y una extensa red de apoyo entre activistas y científicos de dentro y fuera de Brasil, que les consideran vitales para la preservación del medio ambiente frente al cambio climático.
Ese respaldo es de suma importancia en su lucha para que sean demarcadas nuevas reservas, un proceso que quedó congelado con Bolsonaro, que cumplió su promesa de no darles "ni un centímetro más" de tierra. El conflicto por tierras entre los indígenas y los terratenientes explica buena parte de la historia reciente de Brasil.
Guajajara anunció el miércoles que el Gobierno demarcará seis nuevas áreas, que se sumarán a las ocho que legalizó en 2023. "La demarcación de territorios indígenas sigue siendo una de las prioridades de los pueblos indígenas de Brasil. Asumí como ministra para llevar adelante esta demanda y estamos trabajando intensamente para avanzar cada vez más [en este tema]", aseguró.
Un día antes, Lula anunció un nuevo programa de combate a la deforestación en la Amazonía, por el que el Gobierno ofrecerá apoyo financiero a los municipios que se acojan a él, lo cual podría beneficiar también a las tierras indígenas en este gran bioma donde viven 25 millones de personas.
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