México acusa a Ecuador ante la CIJ de cruzar líneas que no se deben cruzar
Este martes comenzaron las audiencias públicas en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para tratar la denuncia de México contra Ecuador por el asalto a su Embajada en Quito, que culminó con la detención del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien gozaba de asilo diplomático al momento de su captura.
En la primera de las dos jornadas previstas, fue el turno de México para presentar sus alegatos; el miércoles 1 de mayo lo hará Ecuador.
Durante su intervención, Alejandro Celorio, el representante de México en la Corte, con sede en La Haya, dijo que la irrupción de miembros de la fuerza pública ecuatoriana a la sede diplomática para arrestar a Glas "debe tener consecuencias".
Este es el equipo de personas servidoras públicas que defendió hoy los intereses de 🇲🇽 en la audiencia sobre medidas provisionales ante la Corte Internacional de Justicia tras la irrupción de Ecuador a nuestra Embajada.La mayoría miembros del Servicio Exterior Mexicano. pic.twitter.com/cha9sQRu1w
— Alejandro Celorio A. (@acelorioa) April 30, 2024
"Hay líneas en la legislación internacional que no se deben cruzar. Lamentablemente, Ecuador las ha cruzado", insistió el jurista.
Al respecto, comentó que la irrupción en la Embajada "muestra el desprecio del Ecuador por las normas fundamentales, universalmente aceptadas y de larga data"; y enfatizó que "esta conducta crea un riesgo inminente de que pueda ocurrir otra violación".
"Las acciones de Ecuador no solo infringen los límites establecidos del derecho internacional, también crean un precedente desconcertante que reverbera en toda la comunidad internacional", manifestó.
🛑#Atención | Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de #México, inicia con su exposición sobre el contexto del caso, en la audiencia sobre medidas provisionales ante la Corte Internacional de Justicia, tras la irrupción de Ecuador a la… pic.twitter.com/rLePAAZXYQ
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) April 30, 2024
Celorio, además, cuestionó la postura de Ecuador después del incidente, que han aumentado la preocupación al respecto. "No se nos han dado garantías creíbles para evitar nuevas infracciones ni Ecuador ha reconocido totalmente su obligación de no entrar en las premisas de México", indicó.
El asalto a la sede diplomática fue condenado por líderes de toda América Latina, denunciando una flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Medidas provisionales
Estas audiencias públicas, según informó la CIJ el pasado 18 de abril, estarán dedicadas a la solicitud de indicación de medidas provisionales, contenida en la demanda de México.
En su solicitud, México pidió al alto tribunal, hasta que se dicte una sentencia definitiva en el caso, que establezca como medidas provisionales que el Gobierno de Ecuador "adopte las medidas adecuadas e inmediatas para garantizar la plena protección y seguridad de la sede diplomática, de los bienes que en ella se encuentran y de los archivos, protegiéndolos de cualquier forma de intrusión".
También que Ecuador autorice al Gobierno mexicano a vaciar la sede diplomática y la residencia privada de los agentes diplomáticos; que garantice que no se adopte ninguna medida que pueda perjudicar los derechos de México en relación con cualquier decisión que la Corte pueda dictar sobre el fondo; y que se abstenga de cualquier acto o conducta que pueda agravar o extender la controversia ante este tribunal.
Aparte, en la demanda, en sentido más amplio, México pide a la Corte que otorgue "una reparación integral" y se suspenda a Ecuador como miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Además de esta denuncia, Ecuador presentó el lunes una demanda contra México ante el mismo organismo. De acuerdo con la Cancillería ecuatoriana, la denuncia se debe a "la conducta de ese país desde el 17 de diciembre de 2023", fecha en la que Glas se refugió en la Embajada en Quito.
Ecuador señala que México ha incumplido, entre otras cuestiones, "sus obligaciones de no otorgar asilo a personas que se encuentren procesadas o en juicio por delitos comunes o hayan sido condenadas por tribunales ordinarios competentes, y de entregarlas a las autoridades locales".
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