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Milei ordena auditar convenios con las universidades tras la masiva marcha contra los recortes
El presidente argentino pretendía revisar el gasto del presupuesto de las casas de estudio, pero no es el Ejecutivo el encargado de hacerlo.
El presidente de Argentina, Javier Milei, ordenó auditar convenios entre el Gobierno y las universidades públicas, luego de la multitudinaria protesta por los recortes de presupuesto a la educación.
Según informó el portal Todo Noticias (TN), el mandatario hará revisar cientos de contratos millonarios que ministerios y organismos públicos sellaron con las casas de altos estudios durante la gestión del expresidente Alberto Fernández.
El control se hará a través de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el órgano rector del sistema de control interno del sector público, que asesora y depende del Ejecutivo nacional.
Qué se auditará
La Sigen revisará 306 convenios que se firmaron entre el 10 de diciembre de 2019, cuando asumió el último gobierno peronista, y misma fecha de 2023, por montos que van desde los 2 millones de pesos (2.276 dólares) hasta los 170 millones de pesos (193.462 dólares).
Se trata de acuerdos entre las universidades y los ministerios u otros organismos públicos, que contrataron servicios de capacitación, trabajos de consultorías, desarrollo de sistemas y diplomaturas, entre otros.
"Auditaremos a través de los ministerios y organismos públicos, no desde las universidades", dijo una fuente del Gobierno al TN. Y aclaró que el objetivo es verificar si se cumplieron las metas de cada convenio, es decir, si el Estado recibió la contraprestación acordada.
En el marco del conflicto con las autoridades universitarias por el presupuesto asignado por el Ejecutivo para 2023, Milei y otros funcionarios del Gobierno libertario afirmaron en varias oportunidades que planeaban auditar el gasto de las casas de estudio superior, como una forma de presionar políticamente antes de la marcha nacional por la educación, que fue masiva en Buenos Aires y otras ciudades del país.
Sin embargo, el Ejecutivo no tiene la potestad para hacer ese trabajo, sino la Auditoría General de la Nación (AGN), un organismo del Estado central que asiste técnicamente al Congreso de la Nación en el control externo del sector público nacional.
"El problema es el ajuste"
El propio presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, salió la semana pasada a aclarar que es el Congreso el único que puede pedir auditorías en las universidades públicas. Para ello, debe conformar una comisión mixta revisora de cuentas integrada por diputados y senadores.
Según Olmos, el tema central que se está discutiendo sobre la educación pública no está en si se hacen o no controles "porque las universidades se auditan", dijo y mencionó los casos de Jujuy, Formosa, Córdoba, Salta, Nordeste y La Plata.
"El problema es el ajuste que se está haciendo sobre las cuentas que pondría en riesgo la supervivencia de determinadas actividades educativas", afirmó el titular de la AGN a Radio Mitre.
El martes pasado, docentes, alumnos y directivos de universidades públicas se concentraron masivamente y realizaron actos en varias ciudades del país, bajo el lema 'En defensa de la educación pública'.
Concretamente, reclaman que los recursos quedaron escasos ante la escalada inflacionaria. Con una inflación anual del 287 %, el Gobierno asignó para 2024 el mismo presupuesto del año pasado, lo que equivale a un recorte en términos reales del 70 %.Si bien horas antes de la marcha el Gobierno nacional anunció la asignación del "100 % de los gastos" de funcionamiento de las universidades, las autoridades señalaron que el dinero era insuficiente.
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