El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, resaltó este lunes que, como parte de su lucha contra la corrupción que ejerce su gobierno, decidió presentar ante el Congreso de su país, la propuesta con la que busca reformar la Ley del Ministerio Público y así lograr la salida de la controvertida fiscal, Consuelo Porras.
"El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya", dijo Arévalo desde el parlamento, donde comentó que la fiscal solo se ha dedicado a atacar a la democracia y a proteger a sectores corruptos que su gobierno busca erradicar.
El jefe de Estado agregó que Guatemala requiere cambios trascendentales para lograr erradicar la corrupción estatal y poder consolidar la democracia, algo que a su parecer no puede ser posible mientras la fiscal Porras siga al frente del Ministerio Público, debido a que está llevando a esa institución al margen del orden constitucional.
"Apoyar esta reforma, es fortalecer nuestra democracia e impedir el abuso de poder de una minoría corrupta. Estar en contra de esta reforma, es favorecer que se perpetúe la corrupción y la impunidad en nuestro país. El pueblo está atento y evaluará el voto" de los diputados, expresó Arévalo, quien agregó que la propuesta es vital para que Porras rinda cuentas al país.
A través de redes sociales se divulgaron imágenes de una marcha multitudinaria que acompañó al presidente Arévalo y a funcionarios de su gabinete ministerial para dirigirse al Congreso para llevar la propuesta de ley.
Durante la marcha que encabezó el mandatario, la multitud respaldó su iniciativa con frases como "Fuera Consuelo", "Que viva Arévalo", entre otras.
Arévalo anunció el domingo en cadena nacional que decidió presentar ante el Congreso una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público que "abrirá el camino para que la fiscal general rinda cuentas al pueblo de Guatemala y a sus representantes y sea removida de su cargo".
El mandatario indicó que su propuesta busca asegurar que "nunca más un fiscal general pueda abusar impunemente del poder" e impide que el Ministerio Público "vuelva a ser utilizado como un arma política".
Para sacar su reforma adelante, Arévalo necesita asegurar al menos 106 votos de los 160 diputados del Congreso. En 2016, la Ley Orgánica del Ministerio Público fue reformada con 140 votos a favor para que el jefe del Estado no pudiera cesar al fiscal general, salvo varias excepciones.
Por su parte, el Ministerio Público informó en un comunicado que la Fiscalía había presentado una acción constitucional de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que ordene al presidente que "se abstenga de adoptar medidas políticas, nacionales e internacionales, y medidas financieras y presupuestarias", con las que "pretenda tomar el control del Ministerio Público".
Además, la fiscal Porras acusa al mandatario de actuar de forma "arbitraria e ilegal" y de promover supuestas acciones que incitan a la violencia.
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