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Abogado de Pedro Castillo pide pensión vitalicia para el expresidente de Perú
Alberto Fujimori busca el mismo objetivo, además de otros beneficios, lo que ha abierto otra controversia en la nación andina.
El expresidente de Perú, Pedro Castillo, ha solicitado una pensión vitalicia al Congreso de la República, así como otro exmandatario, Alberto Fujimori, una circunstancia que ha generado un nuevo debate político en el país andino.
Todo inició el lunes cuando un medio local reveló que Fujimori había pedido meses atrás una pensión, un asistente personal y el pago de gastos por combustible. Poco tiempo después, se supo que Castillo también aspira una renta.
🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | "A Alberto Fujimori no le corresponde pensión vitalicia porque tiene una sentencia. El hecho que lo hayan indultado no anula sentencia, suspende la ejecución de la pena pero la sentencia sigue firme. Además, son delitos de lesa humanidad. En cambio, Pedro… pic.twitter.com/GlyiyRxO4Z
— Exitosa Noticias (@exitosape) May 8, 2024
A diferencia de Fujimori, a Castillo el Parlamento ya le declaró improcedente su solicitud. En este contexto, su abogado, Walter Ayala, acudió este miércoles a la emisora Exitosa para defender su posición legal. "Sí le correspondía", anticipó.
"Para mí no le corresponde a Fujimori porque el señor tiene una sentencia, el hecho de que lo hayan indultado no anula la sentencia (…) en el caso del presidente Pedro Castillo él no tiene ninguna sentencia", alegó.
Qué dice la ley
La ley peruana establece que el derecho a pensión vitalicia de un expresidente "queda en suspenso" en caso de que el Congreso haya formulado acusación constitucional en su contra, "salvo que la sentencia judicial los declare inocentes". Hecho que no ha ocurrido para ninguno de los dos.
"Se está vulnerando la presunción de inocencia porque el señor tiene una acusación de parte de un Congreso que no es imparcial", afirmó Ayala, quien anunció que demandará al órgano legislativo si no le otorgan a Castillo la pensión vitalicia en una apelación.
Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva por presunta rebelión tras su intento de disolver el Parlamento y otros 36 meses por ser el presunto líder de una organización criminal. Mientras que Fujimori, quien afrontaba una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, fue liberado a finales de 2023 por su avanzada edad y precario estado de salud.
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