En criterio del presidente colombiano, Gustavo Petro, "la oligarquía" local y el "régimen de corrupción", al promover su enjuiciamiento por fuera de los canales regulares, pretende arrebatarle los derechos políticos a los 11 millones de personas que lo respaldaron en las urnas en la elección de 2022.
"Lo que hoy anunciaron, como tocando una campana inicial, es que 11 millones de colombianos van a perder sus derechos políticos, no porque ningún juez penal haya dictaminado que son criminales, sino porque así lo decidió la oligarquía colombiana y el régimen de corrupción", sostuvo el mandatario este miércoles en un acto público desde Barranquilla (costa caribe).
Petro hacía referencia a la denuncia que interpusieran en contra de su campaña los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, por presuntamente haber violado los topes de financiamiento, una versión que fue publicada por la revista Semana.
A este respecto, Petro llamó a recordar que de acuerdo a la Constitución vigente, "el presidente de la República no puede ser juzgado sino por la Comisión de Acusaciones de la Cámara" de Representantes y que de conformidad con lo establecido por la "Convención Americana de Derechos Humanos, parte de la Constitución política de Colombia, […] nadie puede perder sus derechos políticos sino por sentencia de un juez penal, es decir, porque es un criminal".
"Golpe blando"
Previamente, el jefe de Estado comentó la publicación sobre la denuncia contra su campaña. "Ha comenzado el golpe blando", afirmó, al tiempo que tachó de "arbitrariedad" que una instancia administrativa como el CNE pretendiera elevar acusaciones penales. "Es una abierta ruptura constitucional", consideró.
Desde Barranquilla, amplió su señalamiento, al apuntar que las instituciones que hoy pretenden expulsarlo del poder "quieren determinar, como lo han hecho en tantos países de América Latina, que el presidente de la República, a pesar de ser elegido por el pueblo de Colombia, tiene que dejar de ser presidente porque cuatro o cinco vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren", porque a su juicio, "su delito, ante los ojos de la oligarquía, es no arrodillarse ante ellos, no enterrar y rendir la bandera popular".
"Hoy lo han demostrado, porque si la Constitución dice que el presidente de la República no puede ser juzgado por entidad diferente a la Comisión de Acusaciones y que el voto popular no se puede anular, y que el derecho político no se puede anular sino por decisión del juez penal, ¿por qué dos entes pertenecientes a un ente administrativo han dicho que levantan cargos contra el presidente? Eso es profundamente inconstitucional y es el inicio de un golpe de Estado en Colombia, punto. Lo que nos corresponde es cómo vamos a responder", completó.
- De acuerdo con el informe difundido por Semana, "el grueso de las pruebas radica en los dineros que aportó a la campaña la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), la Unión Sindical Obrera del Petróleo (USO) y los 35.000 testigos electorales a quienes se les pagó 60.000 pesos [15 dólares] el día de las elecciones".
- Fecode está bajo investigación de la Fiscalía desde inicios de este año por aparentemente haber donado 126.000 dólares a la plataforma Colombia Humana, integrante de la coalición oficialista Pacto Histórico.
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