La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, afirmó este miércoles que el Gobierno está analizando bajar la edad de imputabilidad, que en la legislación local es de 16 años.
En una entrevista con radio Mitre, Bullrich afirmó que el Ejecutivo debate la edad tope para avanzar en la baja y que la discusión gira en torno al límite a partir del cual los menores pueden ser juzgados por la justicia penal: "Si es 14, 13 como en Uruguay o 12 como Brasil", dijo la funcionaria, comparando el sistema argentino con otros países de la región. Asimismo, añadió que la Casa Rosada está "estudiando cómo ha impactado eso sobre la población".
Sin embargo, la ministra de Javier Milei cometió un error, ya que en ambas naciones limítrofes las penas pueden aplicarse a partir de los 18 años.
Bullrich señaló que en los cambios que propone la gestión libertaria deberían diferenciarse los delitos gravísimos, como un asesinato, de aquellos menores, como un "pequeño hurto", aunque en esos casos un castigo podría "ayudar" a que los jóvenes "recapaciten" y no cometan actos más graves.
"Tiene que haber una pena mucho mayor para los que cometen delitos de sangre", manifestó.
El "tope" que marca la Constitución y los convenios internacionales
No obstante, la ministra de Seguridad, que cumplió el mismo rol durante el Gobierno de Mauricio Macri, reconoció que Argentina tiene firmados convenios internacionales que establecen "un tope" en las penas y que ese límite está, además, fijado en la Constitución.
El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, que lleva abierto varios años en Argentina, nunca pudo avanzar, principalmente por la resistencia del movimiento de derechos humanos.
Fue justamente durante el Gobierno de Macri cuando el entonces oficialismo presentó un proyecto que pretendía bajar ese tope a los 15 años, modificando una serie de aspectos de la normativa vigente. Por debajo de esa edad quedaría prohibida la privación de la libertad de cualquier niño, niña o adolescente.