¿Tortura animal o bien cultural? Se enciende el debate sobre la tauromaquia en España

La corrida de toros, considerada patrimonio cultural de España, vuelve a estar en el debate del país ibérico, luego de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunciara la cancelación del Premio Nacional de Tauromaquia de este año y que está agilizando los trámites para su anulación definitiva.

Urtasun ha había referido en reiteradas ocasiones su rechazo a espectáculos que considera que están basados en el maltrato animal y, de hecho, la medida ha mostrado coherencia con lo recogido en el programa electoral de Sumar, el partido del que forma parte el ministro, donde se planteaba la derogación de la protección cultural y patrimonial de la tauromaquia, así como la supresión de su financiación pública.

La semana pasada, en una entrevista televisiva, el titular de Cultura señaló que "hay una mayoría de españoles que se preocupan cada vez más por el bienestar animal y que no comparten el maltrato animal".

Además, añadió que la mayoría de españoles cada vez entiende menos que "se practique la tortura animal en nuestro país" y que sean "premiadas con medallas que van asociadas a premios dinerarios", es decir, que se le dedique dinero público. 

La medida del Ministerio de Cultura tuvo reacciones inmediatas por parte de espectro conservador de la política, incluidos algunos sectores del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del presidente Pedro Sánchez.

Oposición de PP, Vox y algunos barones socialistas

Como es lógico, la noticia fue recibida con un profundo malestar por el mundo taurino, así como en formaciones políticas de derechas, Gobiernos regionales y algunos barones socialistas.

Uno de los primeros en manifestarse fue el vicepresidente del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Vicente Barrera, del partido de ultraderecha Vox y extorero. Barrera aseguró que "el señor Urtasun es amigo de la censura y del sectarismo cultural" y que le cuesta "digerir la pluralidad y la libertad cultural".

En el lado contrario del espectro ideológico, el presidente de Castilla - La Mancha, Emiliano García-Page, del PSOE, se apresuró a anunciar que en su región crearían unos premios de tauromaquia, con la ambición de "ser compartidos con otras autonomías" y la pretensión de que tengan alcance nacional.

Desde la Comunidad de Madrid también se mostraron beligerantes con la medida. Su consejero de Cultura, Mariano de Paco, del Partido Popular (PP), calificó de "lamentable" la decisión. El alcalde de la capital, el también popular José Luis Martínez-Almeida, sostuvo que "Madrid, orgullosa capital del toreo, lo defenderá siempre frente al sectarismo".

Patrimonio cultural

La legislación vigente en España considera a la tauromaquia como patrimonio cultural, algo que lo convierte en un bien digno de protección y promoción.

El polémico premio suprimido nació en 2011, de la mano del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el primero fue otorgado dos años después, con una dotación de 30.000 euros, hasta 10.000 euros más de los que reconocen a otras disciplinas, como la poesía.

Dinero público

Precisamente el otorgar dinero público a esta actividad es otra de las cuestiones que mayor controversia genera. Así, muchos detractores de lo que otros denominan como 'la fiesta nacional' sostienen que la tauromaquia acabará muriendo sola toda vez que el número de aficionados no para de descender.

Sin embargo, esa muerte natural se ve esquivada por el hecho de que el sector se sostiene financiado por las arcas públicas: subvenciones a ganaderías de toros de lidia, contratación de festejos por parte de Ayuntamientos y otras administraciones o ayudas directas.

Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, su Gobierno, liderado por la popular Isabel Díaz Ayuso, en 2024 ha destinado 4,2 millones de euros al sector de la tauromaquia, un 40 % más que en los anteriores presupuestos aprobados, recoge El Periódico de España.

Cada vez menos 'afición'

Según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Cultura, en 2022 se celebraron 1.546 festejos taurinos, un 8,5 % más con respecto a 2019 (el año anterior a la explosión de la pandemia del coronavirus), si bien en conjunto su número ha ido decayendo progresivamente. En 2010 se registraban casi 2.500, mientras que en 2007 eran más de 3.600.

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Según la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España, elaborada por el Ministerio de Cultura entre 2021 y 2022, solo el 1,9 % de los españoles (776.000 personas) habían asistido a un espectáculo o festejo taurino, lejos del 8 % de 2018-2019 o del 9,8 % de 2006-2007.

Cuatro Comunidades Autónomas concentraron el 79,1 % de esos festejos: Andalucía, Castilla y León, Castilla - La Mancha y Comunidad de Madrid. En Cataluña y Canarias están prohibidos, en la última desde hace más de 30 años. En otras partes del país, como Galicia, Asturias o las Islas Baleares, son prácticamente inexistentes.

Un estudio de la Fundación BBVA de 2022 refleja un amplio rechazo de la sociedad española al uso de animales en espectáculos como los toros y el circo o la caza deportiva.