La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos ha presentado este viernes una denuncia constitucional contra la fiscal suspendida de Perú, Patricia Benavides, "como presunta autora de la comisión de delitos de peculado doloso agravado y cohecho pasivo específico, en agravio del Estado".
En su denuncia ante el Congreso, el organismo también incluyó a la congresista Patricia Chirinos, acusándola de ser "presunta cómplice primaria de la comisión del delito de peculado doloso agravado, en agravio del Estado".
"Los hechos se vinculan a las presuntas coordinaciones de la exfiscal de la nación Liz Patricia Benavides Vargas con la congresista Patricia Chirinos Venegas para presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público, por el presunto delito de prevaricato contra los magistrados de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, quienes declararon fundada una medida cautelar a favor de la Junta Nacional de Justicia para que se suspenda el debate del informe final de la Comisión de Justicia del Congreso de la República que recomendó sus remociones", explicó la Fiscalía Suprema.
Benavides, actualmente suspendida durante seis meses de su cargo de fiscal de la nación, está siendo investigada por sospechas de liderar una presunta organización criminal. Enfrenta acusaciones de haber instrumentalizado el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para lucrarse sirviéndose de actividades corruptas.
Así, se cree que la trama llevó a cabo acciones para evitar ser procesada y sancionada, a través de los los exasesores de Benavides, que habrían influido ilegalmente en las decisiones de congresistas para que promovieran la destitución de la fiscal suprema, Zoraida Ávalos, una potencial rival.
Asimismo, también habrían influido en la designación del defensor del Pueblo y para instar a la destitución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con el objetivo de impedir la remoción de Benavides.
La investigación también apunta a que habrían promovido el archivo de indagaciones en el caso 'Cuellos blancos del puerto' a cambio de más de 60.000 dólares, así como que habrían recibido mordidas por contrataciones de obras públicas.